El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado en su sesión de este martes un conjunto de medidas para favorecer a colectivos vulnerables por importe global de 11,8 millones de euros, según ha informado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.
Por una parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de 44 plazas en pisos supervisados para personas con discapacidad y trastorno mental grave en las localidades de Don Benito, Zafra y Almendralejo con el fin de asegurar la atención que vienen recibiendo los usuarios de este servicio, cuyo presupuesto asciende a 2.362.248 euros, cofinanciados por el FSE (85%).
La portavoz del Ejecutivo ha detallado que, de estas 44 plazas, 16 estarán en Don Benito, 8 en Zafra y 20 en Almendralejo.
Según Bazaga, los beneficios que aportan las «comunidades normalizadas» consisten en «mejorar la calidad de vida» de esas personas y, en este sentido, ha asegurado que «vamos a seguir trabajando desde el gobierno» para atender a quienes «lo necesitan más».
También dentro de este conjunto de medidas, se ha autorizado la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés general con cargo al 0,7 del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 2023, para lo cual se establece una cantidad máxima de 8.869.100 euros.
La finalidad de estas ayudas, según ha explicado la portavoz, es subvencionar total o parcialmente proyectos que desarrollen entidades del Tercer Sector o Cruz Roja Española durante el ejercicio de 2024, que deberán estar destinados a personas en situación de pobreza, exclusión social u otras circunstancias especiales de vulnerabilidad.
Entre esos proyectos se incluyen planes de formación, de inserción sociolaboral o de atención sociosanitaria a estas personas, ha agregado Victoria Bazaga.
También en materia de dependencia, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación, por un importe de 648.512 euros, del servicio de atención telefónica Call Center para informar y orientar a las personas mayores, personas con discapacidad, con trastornos asociados a la salud mental o que se encuentren en cualquier otra situación de dependencia.
Se trata, ha añadido, de un servicio «que está integrado en el SEPAD» y que presta apoyo «a quien lo necesite, desde el lugar que lo necesite y en cualquier momento».
Por otra parte, se ha autorizado la contratación del servicio de vigilancia y seguridad del centro sociosanitario de Plasencia, adscrito al SEPAD, con un presupuesto de 1.390.889 euros para un período de 24 meses.
CENTROS EDUCATIVOS Y GESTIÓN FORESTAL
En el ámbito de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del suministro de mobiliario para diversos centros educativos en los que se están ejecutando obras, por importe de 969.534 euros con cargo a fondos FEDER.
Victoria Bazaga ha precisado que es «un compromiso de este gobierno que estos centros estén dotados de lo necesario para hacer el trabajo fácil y cómodo tanto a los alumnos como a los profesores» y «asegurando que estas infraestructuras funcionen».
En el área de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, el Ejecutivo ha recibido comunicación sobre la contratación, mediante lotes, de los trabajos necesarios para mitigar los efectos producidos por el incendio forestal ocurrido el pasado mes de mayo en municipios de las comarcas de Las Hurdes y Sierra de Gata, y que afectó a una superficie total de 10.863,79 hectáreas.
La portavoz ha señalado que «desde el Ejecutivo seguimos trabajando en mitigar los efectos del incendio forestal» con el objetivo de «evitar la aparición de plagas y enfermedades en las zonas no perjudicadas».
Asimismo, ha aclarado que si el Consejo de Gobierno aprobó recientemente los trabajos para actuar en «las zonas perjudicadas» ahora «lo hacemos en las zonas no perjudicadas, completando así la regeneración de la naturaleza en esa zona que recibió esta catástrofe».
