Según las palabras de Victoria Bazaga Gazapo, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes además de portavoz de la Junta de Extremadura, es fundamental “cumplir con la ley y con la palabra dada”. ¡Ahí es nada!
Así se expresaba ante los medios de información, en la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en Mérida el martes, 19 de marzo de 2024, al comunicar que la Junta de Extremadura va a abonar en la nómina de los empleados públicos de este mes el 0,5 % que restaba.
Será una subida con carácter retroactivo, incluyendo la totalidad de los meses del año 2023 y los que llevamos del año 2024. Por ello el incremento que podrá apreciarse será significativo. Cumpliéndose finalmente con el objetivo de mejora marcado del 3,5% en el sueldo de los trabajadores públicos.
Sin duda, a pesar de ser lo pactado, no faltará quien desde los sindicatos de clase lo califique como insuficiente. Además, no le faltará razón ya que, si bien el índice de precios al consumo se ha cerrado en similares proporciones, el acumulado sigue siendo negativo en contra de sus intereses.
No estaría de más aquí destacar que este miércoles, 20 de marzo de 2024, el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón, ha declarado en sede parlamentaria que el déficit del Estado va a ser del 3,7%.
Continua la señora Bazaga: “Este es un Gobierno que quiere cuidar al principal activo de la Administración, que son los trabajadores públicos”. Totalmente conformes con su apreciación, en nuestra región representa el de mayor importancia, no sólo por el elevado número de funcionarios y personal de las empresas públicas, también por la imprescindible labor que desempeñan.
Son este grupo de trabajadores los verdaderos catalizadores de buena parte de la economía extremeña y por ende del bienestar que actualmente disfrutamos. Sirviendo como punta de lanza que dinamiza y marca, siquiera tímidamente, el camino que han de seguir el conjunto de las empresas de nuestra región.
Espejo en el que reflejarse tanto desde el punto de vista salarial como en el de los derechos y obligaciones.
Siendo los más progresistas en lo que a horarios se refiere y líderes que guían en cuanto a los derechos e igualdad de género, brecha salarial, reconocimiento e igualdad de oportunidades para las minorías y pioneros en lo que a responsabilidad social se refiere.
El cumplimiento de los acuerdos salariales supondrá a las arcas regionales un incremento de costes en la partida de personal de unos 24 millones de euros. Seguro que la mejora será bien recibida por los beneficiados y servirá de acicate para aumentar los niveles de calidad en el servicio y la diligencia a la hora de gestionar.
Tan sólo queda que se empiece a poner en práctica la evaluación continua anual, ya anunciada por el Gobierno, para que se reconozca la ilusión y el empeño de la mayoría, tantas veces menospreciados por un pequeño grupo de zánganos y zánganas que se camuflan entre las obreras mayoritarias en la colmena.
