Alberto Casero Ávila, trujillano, nacido el 15 de noviembre de 1978, concejal de Trujillo a partir de 2007 y alcalde desde 2011 hasta 2019, se enfrentaba a ocho años de prisión, la inhabilitación absoluta durante veinte años y al pago de aproximadamente 70.000 euros de indemnización.
Ya nos extrañó el sábado día 21 de octubre cuando, acompañado de varios amigos, lo vimos muy alegre y divertido en las magníficas instalaciones del Parador Nacional de Trujillo. No nos pareció la actitud propia de quien estaba próximo a ser juzgado por delitos penales de tal gravedad.
Evitará su ingreso en prisión, gracias al acuerdo alcanzado con la Fiscalía, al haberse declarado culpable y aceptado una pena de un año y nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y además a pagar la totalidad de la indemnización, según lo sentenciado el martes día 28 de noviembre.
Entendemos que, con el fallo judicial, finaliza la andadura pública de quien fuera alcalde de Trujillo, que formó parte del círculo de confianza del presidente del Partido Popular, Pablo Casado Blanco, haciéndose famoso gracias a su aportación a la hora de aprobar la Ley de Reforma Laboral (R. D. Ley 32/2021, de 28 de diciembre).
Auge y caída de un personaje particular, admirado y querido en su pueblo (donde se le conoce por el simpático apodo de “Tomatito”), que tras poco más de una hora en sede judicial, tan sólo declaró, a las puertas de la Audiencia Provincial de Cáceres, con un lacónico: “¡Esto es lo que hay!”
Entendemos que se refirió al acuerdo de conformidad alcanzado entre el Ministerio Público y el letrado que ejerció la defensa del condenado, según la sentencia oral emitida que lo declaró autor de varios delitos de prevaricación y malversación de cinco contratos públicos de patrocinio, servicios o convenios.
Creemos de justicia destacar que el diputado nacional renunció, de forma voluntaria, a su acta al tiempo que solicitó, de manera inmediata, la baja voluntaria de su partido al conocerse la propuesta del Tribunal Supremo de juzgarle por los delitos anteriormente descritos.
De este modo, se aclara el periplo judicial que comenzó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, pasó por el Tribunal Supremo y ha terminado en la Audiencia Provincial de Cáceres.
Según dijo el magistrado: “Debemos condenar y condenamos…”, “por las contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna…”, “elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de servicios…”
Nos alegramos de que finalmente no tenga que ingresar en prisión, siempre y cuando, haga efectiva la cantidad reflejada en la condena, en concepto de indemnización al Excelentísimo Ayuntamiento de Trujillo, consistente en un pago inicial de casi diez mil euros y sesenta pagos mensuales de mil euros cada uno.
Casero conocido en los ambientes trujillanos como «tomatito», muy amigo del Alcalde-sacristán de Plasencia y que pasadas las aventuras y desventuras políticas de ambos se quedó en que fuera señalado por Génova para no salir de Plasencia como meta política. Qué cosas le han pasado al pizarrismo mayoritario que no le han creído ni los suyos. Ya iremos contando más de estos aquelarres pizarristas que los placentinos no conocen o no quieren conocer. Efectivamente, en algunos mentideros placentinos se le está calificando ya, no solo de (dedicación religiosa muy digna) su cargo, sino que ya se extiende el calificativo y muy acertado políticamente de:»bono basura».