Pioneros o líderes visionarios, así denominaron a los inspiradores de la creación de la actual Unión Europea. Grupo heterogéneo de personas que compartían unos mismos ideales: una Europa pacífica, unida y próspera. Fue la cooperación tras la segunda guerra mundial la que condujo a la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Posteriormente la firma de los tratados de Roma y el nacimiento del Parlamento Europeo nos llevaron a la Comunidad Económica Europea que dio paso a la actual Unión Europea.
Es cierto que las distintas velocidades de adhesión de las diferentes naciones, la caída del comunismo, el programa Erasmus y el inicio del mercado único hizo de los años ochenta del pasado siglo la que podríamos bautizar como la década prodigiosa.
Es en los noventa cuando, con una mayor expansión, se afianza el mercado único y la libre circulación de personas y capitales entre los países miembros. Ello evolucionó aumentando con la adhesión de doce nuevos países, el euro como moneda en curso y la firma del Tratado de Lisboa.
Posteriormente, la respuesta a la crisis financiera, la adhesión de Croacia y el Brexit han dado paso al actual marco jurídico europeo gracias al cual, y hasta hace un año, habíamos disfrutado del periodo de paz más largo y próspero de la historia europea y por ende española. A pesar del Covid-19, Putin y la inflación.
Sirva lo anterior como preámbulo de lo siguiente: Rafael del Pino, como presidente de Ferrovial y su consejo de administración tienen la capacidad empresarial y legal para trasladar su empresa a dónde crean oportuno. Al menos así lo entendemos, dentro del marco jurídico que nos ampara.
Los partidos políticos deben opinar y legislar, si así lo estiman oportuno, pues es su función y misión según nuestra Carta Magna, siempre teniendo en cuenta que pertenecemos a una entidad supranacional que nos reporta muchos más beneficios que inconvenientes.
Comprendemos a Nines Díaz, alcaldesa de Berzocana, cuando manifiesta que a este señor tan sólo se le ve en misa (sin duda buscando el perdón por según que decisiones). Igualmente entendemos a los empresarios y directivos que analizan, calculan y recalculan los beneficios de situar las sedes sociales de sus empresas donde más les interesa. Se deben a sus accionistas, no lo olviden, pues son empresas multinacionales privadas. Nada que ver con los autónomos y pequeños empresarios que son la mayoría en España y casi la totalidad en Extremadura.
La plétora de bufetes jurídicos unida al incremento exponencial de directivas y leyes, supranacionales, estatales, regionales o locales nos aboca a una disparidad y desigualdad fiscal que induce a que las sedes sociales se subasten al mejor postor.
Será la propia Unión Europea la que unifique o al menos homogenice las políticas fiscales, siempre y cuando así lo estime conveniente. No hemos de criticar que un escorpión utilice su aguijón emponzoñado para defenderse atacando y sin avisar al sentirse acorralado. La moraleja de la fábula nos enseña que es su reacción natural y lógica, ¡es un escorpión!
Bien harían los que ahora se rasgan las vestiduras en meditar un poquito e intentar comprender el motivo por el que una multinacional española ha tomado esta decisión excepcional y que sin duda le perjudicará desde el punto de vista reputacional.
Concluímos pidiendo a unos y otros que traten lo que sea menester y lleguen a un acuerdo. Menos aspavientos y más trabajar. De no ser posible, liquidación de cuentas y “tanta paz lleves, como descanso dejas”. ¡Errorvial!
