El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este lunes el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2023, con la vocación de priorizar el bienestar, la recuperación económica frente a la austeridad y asumir el liderazgo transformador de lo público.
Así lo ha asegurado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien ha sostenido que las cuentas regionales defienden el Estado de Bienestar, garantizan la calidad de los servicios públicos, reducen la desigualdad y refuerzan la recuperación y la creación de empleo.
Los PGEX de 2023, que ascienden a 7.776 millones de euros, protegen a la ciudadanía y avanzan hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo, superador de las diferencias sociales en términos de distribución de ingresos, educación, salud y el empleo.
El montante global es un once por ciento superior al del ejercicio de 2022, lo que se traduce en 774,6 millones de euros más, y se sustenta en una política financiera orientada a la estabilidad, consagrada a hacer frente a las necesidades ciudadanas, según ha mantenido la titular de Hacienda, que ha incidido en el esfuerzo a realizar para administrar los recursos cuidadosamente y desde la eficiencia del gasto público.
En el actual contexto de dificultad, Blanco-Morales ha resaltado que diferentes formas de abordar una crisis y el camino de este Gobierno autonómico se dirige a conocer las necesidades, compartir las preocupaciones de las personas y hacer todo lo posible a través de una acción política decidida; frente a los que adoptan el cortoplacismo sin horizonte o la postura de despreciar las preocupaciones y acrecentar los miedos ciudadanos para sacar rédito.
Por ello, la vicepresidenta primera ha destacado que los PGEx para 2023 son cruciales para ganar el futuro de Extremadura, ya que consagran las políticas sociales que refuerzan los servicios públicos, mitigan las incertidumbres que padecen las familias y atienden a los más necesitados, a la misma vez que desempeñan las políticas económicas que acompañan a nuestros sectores productivos para que la transformación tenga éxito.
En esta línea, la titular de Hacienda ha afirmado que los presupuestos para 2023 destinan siete de cada diez euros a las políticas sociales, con un montante global de 4.798,1 millones de euros, un 9,2% más que en el actual ejercicio, y ha incidido en los relevantes incrementos que experimentan las políticas de Sanidad (casi un 10%), Dependencia (10,6%), Promoción Social (más del 17 %), Educación (casi un 6%) y, sobre todo, Vivienda, con una subida cercana al 60%.
En cuanto a las políticas económicas para reforzar la recuperación, Blanco-Morales ha explicado que suben más de un 11% hasta alcanzar la cifra de 1.844,6 millones de euros y se ha referido específicamente al aumento de las políticas de Innovación y Tecnología (un 22%), en línea con el compromiso regional con la transformación digital; de Infraestructuras (18,9%) y de Empresa (+9,5%).
MINIMIZAR LOS EFECTOS DE LA INCIERTA SITUACIÓN ACTUAL
Las cuentas autonómicas contribuyen a minimizar los efectos negativos de la incierta y cambiante situación actual, a través de medidas que, unidas a las adoptadas en el ámbito nacional y a la ayuda de Europa, buscan la eficiencia y la equidad para encarar los problemas y dar respuesta a las necesidades de los extremeños.
Unas ayudas directas para los extremeños que sufren particularmente por el aumento de los precios y que son los beneficiarios, ha explicado, de los incrementos de la renta garantizada, de los mínimos vitales, del bono social término o del plan de lucha contra la privación material.
O, ha proseguido, los receptores de los avances en la universalización de la gratuidad de los comedores escolares, las aulas matinales y los libros de texto; de las ayudas al transporte, al comercio minorista, a la modernización de las pymes o a la exportación; los beneficiarios del nuevo plan de empleo, de las medidas de ahorro y eficiencia energética y de las bonificaciones fiscales contra la inflación.
En definitiva, un presupuesto, ha insistido la vicepresidenta, dirigido a las familias, los trabajadores, los agricultores, los ganaderos, los comerciantes, los hosteleros, los autónomos o los estudiantes; unas cuentas de compromiso con la igualdad, la estabilidad y la protección de los más necesitados y de confianza, al promover la inversión.
