Lawfare: Una duda razonable

Harto de estar harto, de escuchar el eco afligido de los golpes de pecho de los desubicados “constitucionalistas”, y sin que pretenda otra cosa que manifestar unas pequeñas reflexiones de ciudadano leguleyo, quisiera manifestarlas desde el sentido común de la razón que nos trajo aquellos tiempos de la Ilustración. Valores en riesgo de ser olvidados, que reclaman las voces ilustradas de sus hijos, para apagar el ruido de los necios y mediocres. Con Montesquieu, aprendimos que el fundamento de la democracia se basa en la separación de los tres poderes y el respeto entre ellos.

La Constitución no puede ser instrumentalizada, de la misma manera que no podemos esperar que sea un manual de certeras respuestas a cada paso. La clase política o al menos una parte de ella debe aplicarse el principio de la autocontención, para no terminar arrojándola sobre sus rivales políticos o cuestionando a algunos jueces, cuando no son propicios. No ha sido el caso de Monago en el Senado, afirmando que “el mayor caso de “lawfare” en la historia política fue el párrafo sobre el PP del fallo de la Gürtel”, acusando al juez J.R. de Prada, de provocar con un fragmento de la sentencia “la caída del Gobierno de Mariano Rajoy”.

Con estas declaraciones del dirigente del PP, sin embargo, esa contención sí la ha tenido la Asociación Profesional de Magistratura, aunque no lo hicieran con la iniciativa legislativa sobre la amnistía del Gobierno; al igual que el oxidado CGPJ, negando sin embargo al poder ejecutivo y legislativo su legalidad para legislar sobre la amnistía; como tampoco clamaron al cielo las asociaciones profesionales de jueces, ni se convocaron manifestaciones, por cargos judiciales, en las sedes judiciales, a excepción de Jueces por la Democracia. Por eso, como ciudadano leguleyo, me planteo si hay lawfare o si solo hay ruido tan solo en algunos casos. Una duda razonable.

¿Se puede utilizar la justicia para degradar la credibilidad de un oponente político? Sería interesante realizar un estudio comparativo, entre opciones conservadoras y progresistas, para comprobar quién utiliza, pertinazmente, esta estrategia para ganar en el terreno jurídico lo que no se gana en las urnas. Habrá que felicitarse de que multitud de causas difamatorias hacia personas y organizaciones como Podemos y otras que han resultado molestas, hayan sido desarmadas por algunos jueces, aunque en el camino han sido criminalizados por medios de comunicación intoxicadores y espurios, financiados por grupos económicos o élites, incluso con dinero público.

La uniformidad de la ciudadanía no puede ser objetivo político de un partido, porque se atenta contra la pluralidad y diversidad que proclama nuestra norma. Mucho menos debe utilizarse el poder judicial contra los administrados, con intenciones repugnantes, tratando de deslegitimar a aquellos que por muy díscolos que sean, son ciudadanos de derecho. Informes falsos, acusaciones débiles, titulares mediáticos falsos e instrucciones jurídicas artificiosas han sido la norma antidemocrática de los que creen que el poder les corresponde por gracia divina.

La aplicación torticera del derecho por parte del poder político, con una intencionalidad última de estigmatizar a personas y colectivos debe ser vigilada. Se me escapa hasta qué punto el poder judicial tiene autonomía para actuar como cortafuegos. Y esta duda me surge tan solo al observar cómo el CGPJ mantiene una caducidad que llega a los cinco años. ¿Si siempre se ha realizado su renovación sobre una regla tácita, por qué cuando no gobierna la derecha, se retrasa? ¿Cuál será el fin último que persigue el PP con su dilación en la renovación de este órgano?

Tengo claro que los ciudadanos eligen al alcalde, pero otra muy diferente es que los funcionarios elijan a otros funcionarios, los militares al ministro del Ejército, o que los jueces elijan a los jueces. ¡No cuela!