La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha presentado en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, celebrado este jueves, el contenido del proyecto de Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua de Extremadura.
Se trata de una norma legal que por primera vez regulará el ciclo urbano del agua en Extremadura, un bien escaso que para la región representa, además de un elemento de suma importancia para el bienestar humano, un recurso medioambiental y económico vital para muchos sectores productivos.
Olga García ha explicado que la gestión del agua es una cuestión prioritaria por ser un recurso que favorece la cohesión social y geográfica. La futura ley aborda el reconocimiento del acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano y garantiza la prestación de los servicios del ciclo urbano del agua en condiciones adecuadas y de igualdad para toda la ciudadanía extremeña, independientemente de dónde resida, adaptando la gestión del agua a la realidad que impone el cambio climático.
El proyecto de ley persigue avanzar en la coordinación de las políticas de aguas de las distintas administraciones y aclarar las competencias entre la administración regional, los ayuntamientos y las entidades supramunicipales. Asimismo, se reconoce a los entes supramunicipales como herramientas necesarias para garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de menor tamaño ante la falta de recursos técnicos y económicos. La consejera ha insistido en el respeto de la nueva norma por la autonomía local afirmando que «es una ley por y para los ayuntamientos».
García ha destacado como otro componente importante del texto legal el impulso de la gobernanza participativa mediante nuevos órganos de participación de ámbito supramunicipal con una presencia destacada y plural de la sociedad civil.
El proyecto de ley apuesta por la transparencia, la planificación y la participación pública. Así se pretende crear un Sistema de Información del Agua Urbana, se establece la protección de personas vulnerables o marginadas sin acceso al agua y la adopción de medidas para asegurarlo y se garantiza el acceso gratuito al agua destinada al consumo humano en los espacios públicos.
La consejera para la Transición Ecológica ha resaltado especialmente la importancia de la planificación de infraestructuras, de forma que cada 6 años debe elaborarse un plan regional en coherencia con la planificación hidrológica asegurando la viabilidad técnica, ambiental, social y económica de las obras hidráulicas que ejecute la Junta de Extremadura. De forma paralela, las entidades locales y supramunicipales también deberán elaborar cada sexenio un plan de gestión que persiga la sostenibilidad del uso del agua, una prestación de servicios adecuada y la recuperación de costes.
Olga García ha explicado que «con este proyecto de ley, defendemos un nuevo modelo integral del ciclo urbano del agua donde prime el uso racional, el ahorro, la reducción de pérdidas, la digitalización y la planificación de las infraestructuras».
El proyecto de ley parte de un diagnóstico completo de la problemática existente y es fruto del amplio proceso de diálogo con el sector del agua y con el municipalismo que se inició en enero de 2020 en torno al Consejo Asesor del Agua, por ello la consejera ha afirmado que «este proyecto puede y debe suscitar un amplio consenso porque se trata de legislar sobre un aspecto clave para la región».
Ha concluido valorando el trabajo realizado para la elaboración concertada de esta «norma moderna y consecuente con la necesidad de afrontar el cambio climático, ya que el agua es un patrimonio común que debemos gestionar desde la responsabilidad, la solidaridad y la sostenibilidad».
La nueva norma se estructura en 34 artículos organizados en seis capítulos, finalizando con una disposición derogatoria y cinco finales.
