La transparencia, la senda hacia la información pública y las normas de buen gobierno, deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Si los ciudadanos conocemos cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se gestionan los fondos públicos o bajo qué criterios actúa el gobierno municipal, se empezará a dar respuesta a una sociedad necesariamente crítica, exigente y que demanda una real participación en la toma de decisiones en lo que debe ser una colaboración democrática fija no discontinuada en la que el ciudadano suele ser utilizado y manipulado vilmente por la incipiente inquina política.
La existencia de una mayor transparencia (publicidad proactiva), aminora la necesidad de demanda de información por parte del ciudadano puesto que ya estará expuesta en el portal de transparencia de la corporación (publicidad pasiva) local. Cuanta más transparencia, mayor capacidad de participación se le dará a la ciudadanía ya que esta podrá opinar al tener datos fiables, datos con lo que poder refutar las actuaciones del gobierno local ampliando el sentido crítico y por ende la mejora de las actuaciones sobre el municipio.
Cuanta más transparencia, mayor garantía de cumplimiento de un programa de gobierno porque existirá una valoración racional. En este sentido cabría acercarnos al cumplimiento de los Indicadores I.T.A. (Indicadores de Transparencia de Ayuntamientos)”, que pudiera equivaler al medidor de transparencia y buen gobierno de cada ayuntamiento o la manera cuantificable de la información que se ofrece a los ciudadanos de la gestión pública que realizan nuestros gobernantes.
Por todo esto y no simplemente por el hecho de que exista una ley que «obligue», (ley 19/2013 de 9 de Diciembre) estaremos dentro de un entorno de cultura de la transparencia que debiera ser la misión de cualquier administración para lograr una sociedad mejor, más informada, más exigente y más participativa, consiguiendo así un verdadero gobierno abierto.
En el escenario empresarial, la transparencia es un componente cada vez más pujante en el mundo corporativo. Desde la perspectiva europea, se obtiene recientemente la nueva Directiva sobre Reporte de Sostenibilidad (CSRD), que sustituye a la Directiva de Información no Financiera, la cual ambiciona homogeneizar y estandarizar el reporte de sostenibilidad de las organizaciones, con el objetivo de que esta información sea útil tanto para inversores como para otros componente de los grupos de interés.
Bajo mi opinión más personal, nos encontramos en un momento bisagra en el cual la transparencia está comenzando a ocupar un lugar cada vez más protagonista en toda la amplitud de las corporaciones. Esta nueva directiva amplía el ámbito de aplicación de la actual (que afecta aproximadamente 11.700 empresas), pasando a obligar a todas las grandes empresas y a las empresas cotizadas, siendo un total de 50.000 aproximadamente de empresas en Europa, que tengan la obligación de implantar sistemas de R.S.C. y Buen Gobierno. En esta nueva directiva toma mayor relevancia la auditoría de la información comunicada y solicita a los estados miembros la creación de un régimen sancionador por incumplimientos, con el objetivo de mejorar la fiabilidad y precisión de la información de sostenibilidad. Todo ello, al tiempo que se está desarrollando una taxonomía europea de finanzas sostenibles de la que convendría hablar en un futuro, en estos sus primeros pasos.
Esta transparencia de las ORGANIZACIONES se hace efectiva a través de la responsabilidad social corporativa (RSC), que se pudiera definir como aquellas actividades voluntarias dirigidas a mejorar la sociedad, la economía o el medioambiente, con el fin de mejorar la imagen corporativa y, de esta manera, el valor añadido de la propia empresa.
Se dice que la transparencia empresarial genera confianza entre todos los que de alguna manera tienen relación con la entidad: empleados, clientes, proveedores, accionistas o la sociedad, lo que en su conjunto se denomina grupo de interés de la organización. Dicho de otra manera: la transparencia es un paso voluntario y activo de las entidades que va más allá del mero cumplimiento de las leyes y se puede considerar como un conjunto de acciones que buscan repercusiones o impactos positivos sobre la sociedad, que toman mayor interés en aquellas actividades que generan impactos negativos en la sociedad; en este espacio podríamos exigir un mayor compromiso con la sociedad de la industria tabaquera para mí totalmente inactivo ante el daño que disemina sobre la sociedad ofreciendo, por ejemplo, en todos los procesos del proceso productivo y comercializador un régimen de información sobre su nocividad.
Al tener el carácter de voluntaria, la transparencia precisa de un plan estratégico de RSC que incluya un propósito real, unos objetivos cuantificables, auténtica convicción de todos los miembros de la empresa en esos objetivos y la elección de las competencias que precisa cada función, por lo que la organización debería acompañar este proceso con la implantación de sistemas de gestión de R.S.C.
De nada sirve que la empresa pretenda mejorar el medioambiente, si no promueve acciones en esa línea o los empleados no están de acuerdo en ellas. Por poner un caso concreto, la empresa podría invertir en papeleras estratégicamente colocadas por todas las oficinas y centros de trabajo de tres compartimentos para reciclar papel, plástico y residuos orgánicos, pero la empresa que recoge los residuos los REÚNE otra vez o los propios empleados no se molestan en separar.
Por otro lado, la transparencia consiste en hacer saber a la sociedad que la empresa tiene esa filosofía o política de devolverle a la sociedad lo que le da, para ello se utilizan unos estándares internacionales llamados GRI o Global Reporting Iniciatives, que permiten plasmar sobre las memorias anuales de toda gran organización, todas las acciones de RSE que esa organización posibilita dentro de la misma.
