La Comisión Europea adoptó el pasado mes de septiembre una propuesta legislativa que aspira a facilitar el derecho europeo a la libre circulación de las personas con discapacidad. La propuesta de ley incluye una tarjeta de discapacidad normalizada, que mejora la actual tarjeta europea de estacionamiento, que tendrá reconocimiento en toda la UE.
Un colectivo que se enfrenta a “barreras estructurales y desigualdades sistémicas”, que limitan su participación en la sociedad, en palabras de la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vĕra Jourová, no debe ver frenados y detenidos sus derechos en sus fronteras nacionales. La Tarjeta Europea de Discapacidad mejora la Tarjeta Europea de Estacionamiento.
El DNI no es per se para una persona discapacitada un documento válido para viajar al extranjero. En primer lugar, hay que reconocer su discapacidad, al no poder acceder a otros Estados miembros de una Comunidad a la que pertenece en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Reconocida aquella, deben sobrevenir la asistencia que necesitan, el acceso gratuito o prioritario o las tarifas reducidas. De lo contrario, las personas discapacitadas estarían constreñidas a realizar su vida en su círculo más íntimo: su casa, su colegio, residencia, su pueblo o ciudad, quizás únicamente su propio país.
El propósito de la UE es la creación de un documento normalizado que sirva en todos los países que la integran, al objeto de garantizar la igualdad de acceso y a condiciones especiales y un trato preferente para las personas con discapacidad.
Ya en nuestras ciudades se ven como normales los estacionamientos para ellos, ya en los públicos o privados, a la puerta de su casa, porque el transporte privado en automóvil es el vehículo que garantiza la autonomía de las citadas personas y la única forma de viajar y desplazarse con independencia. Esto, que casi todos respetan, es visto por la UE también como una manera de armonizar en todos los países miembros la Tarjeta Europea de Aparcamiento, que tendría un formato común vinculante, que sustituiría a las nacionales para las personas con discapacidad en toda la Unión.
No deja de ser un derecho más de quienes no pueden ver circunscritos aquellos por un censo que universaliza, por encima de la discapacidad, los de otros que pueden optar libremente a ejercerlos tan solo con su DNI.
Ni los pájaros ni el agua u otros elementos de la naturaleza reconocen fronteras para circular libremente por encima de otros que no pueden levantar muros ni fronteras que los separen. Más aún, para los seres humanos que participan por su pertenencia a un país de otra ciudadanía supranacional, como las personas discapacitadas, que ven recortados los derechos de todos por sus propias limitaciones personales.
La clase política debe remover los obstáculos que impidan que unos ciudadanos sean más que otros por sus propias limitaciones individuales. Todos somos iguales ante la ley por encima de las limitaciones físicas o intelectuales, o de cualquier otro tipo que pudiere separarnos. Y esto es lo que intenta la UE en 2024, que espera contar con una tarjeta única para los 87 millones de personas con discapacidad de la Unión.
