Proteger la salud física y mental, pudiera considerarse como una oportunidad para fomentar el crecimiento económico, gracias a esta circunstancia en los últimos años se han hecho importantes progresos en la mejora de la salud de millones de personas, de esta manera han disminuido las tasas de mortalidad materna e infantil, aunque también es cierto que, en el año 2017, casi 300.000 mujeres murieron por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto y, a pesar de que la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años ha disminuido en un 49% desde 2000, la cifra total de muertes fue de 5,4 millones en 2017. En España, la tasa de mortalidad infantil pasó de 2,67 a 2,68 por cada 1.000 nacidos vivos en 2016, son las cifras más bajas de toda la serie histórica.
A pesar de la anterior situación por supuesto mejorable, todos los años mueren más de 6 millones de niños antes de cumplir cinco años y 16.000 menores fallecen a diario debido a enfermedades prevenibles, como el sarampión y la tuberculosis. Todos los días, cientos de mujeres mueren durante el embarazo o el parto y en las regiones en desarrollo, solo el 56 % de los nacimientos en zonas rurales es asistido por profesionales capacitados. Todas estas muertes se pueden evitar con prevención y tratamiento, educación, campañas de vacunación y salud reproductiva y sexual. Gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha puesto techo para poner fin a las epidemias de sida, tuberculosis, malaria y otras enfermedades contagiosas hasta 2030.
Todos los avances que hemos referido se han producido desde la más paternalista legalidad del derecho a la salud, progresos que sin duda han dado forma a lo que es en la actualidad un derecho inclusivo, el cual impele a su vez un amplio conjunto de factores que contribuyen a una vida sana, entre otros, el agua potable salubre, el saneamiento adecuado, la alimentación segura y unas condiciones laborales saludables.
Desde el propio derecho de la salud se debe apostar por una realización progresiva, situación por la cual los Estados deben adoptar medidas concretas, deliberadas y específicas sin dejar de utilizar todos los recursos de que disponen a fin de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud. Esta situación debe producirse a través del grado máximo de salud, que debería favorecer el impulso de un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.
Nuestro enfoque de la salud basado en los derechos humanos sin duda alguna debe permitir a los estados, planificar estrategias y soluciones que permiten afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas que suelen ser aspectos centrales de la inequidad en los resultados sanitarios. Gracias a este enfoque basado en los derechos humanos todas las políticas, estrategias y programas se formulan con el fin de mejorar progresivamente el goce del derecho a la salud para todas las personas.
También es cierto que en determinadas circunstancias se pueden producir hechos contradictorios que pudieran incluso vulnerar los derechos humanos, en particular el derecho a la salud, en función de la manera en que se formulen y se apliquen. La adopción de medidas orientadas a respetar y proteger los derechos humanos afianza la responsabilidad del sector sanitario respecto de la salud de cada persona.
En concreto en España a partir del año 2008 se empiezan a producir pequeñas fragilidades en el sistema de salud, hecho que se produce por la crisis del ladrillo, teniendo en el año 2012 su cuota de quebranto más alta y que aún se detecta en los presupuestos de 2022, ya que el peso económico que supone la inversión en la Atención Primaria respecto del total destinado a Sanidad, de las CCAA sobre las que existe información pública, representa de media un 14,7%. No alcanzando el porcentaje del 25% que recomienda la OMS, siendo mi opinión una medida urgente y necesaria que las Comunidades incrementen en gran medida la partida destinada a este nivel asistencial durante muchos años y de manera sostenida en el tiempo, hecho que de momento no está ocurriendo.
Por último, parece extraño, que todas las medidas de recorte, privatización y segmentación siempre se han hecho en nombre de la retórica de la sostenibilidad, esta paradoja sin duda alerta sobre el inadecuado uso de los sistemas y magnitudes que utilizamos para el control financiero. Bajo mi opinión no creo que el problema del sistema sanitario siempre sea el de no alcanzar la sostenibilidad económica cuando el gasto público en sanidad como porcentaje del PIB ha estado siempre por debajo de la medida de la UE-15: así por ejemplo en 2008 había alcanzado 6,25% del PIB, alcanzando ese mismo año Alemania 7,92%, en Suecia el 7,2% y en Francia el 8,40%.
