Las sociedades tienen dispares formas de afrontar situaciones adversas económicas o desigualdades sociales. Pero en realidad el modus operandi que se repite para superar estas debilidades en la mayoría de las ocasiones es la implantación de un modelo de economía social solidaria que les ayude a superar las dificultades del momento, conseguir el progreso social y económico de tal manera que puedan repartir la riqueza generada de manera equilibrada entre todos los agentes sociales.
Pero ¿qué significa la economía social? La definición más ceñida que podemos ofrecer es la que nos proporciona la Ley 5/2011 de 29 de marzo, de Economía social, que la denomina como «el conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en concreto en el propio artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, o bien el interés general económico o social, o ambos».
Debemos distinguir, al menos en mi opinión, que la economía social se alcanza tras la consecución íntegra de los siguientes principios y valores como pueden ser: igualdad, democracia, justicia, responsabilidad social, solidaridad, sostenibilidad y paz. De igual manera podemos manifestar que la Economía Social guarda una estrecha relación con la Responsabilidad Social Corporativa que las empresas ponen en marcha para conseguir un sistema más justo, más equitativo, más estable y sostenible.
La economía social se instruye en el entorno de la ciudad o pueblo y sugiere ser el único ecosistema que debe ser cuidado de manera consistente diariamente principalmente por los agentes sociales de esa ciudad o pueblo. En este sentido los gobiernos locales y los municipios, a menudo están respondiendo a las diversas crisis sociales, económicas y/o ambientales en sus territorios ya sean ciudades o pueblos. La proximidad que se consigue con los diferentes agentes sociales, según el tamaño de las ciudades, puede conducir a la creación de vínculos estrechos y a tener en cuenta la experiencia de sus habitantes en el uso de la ciudad, que se convierten así en coproductores de las políticas públicas que les afectan directamente.
Dentro de la propia ciudad o pueblo las empresas de economía social y solidaria se presentan en la mayoría de las ocasiones como la única opción para las colectividades marginalizadas siempre en el caso de que los inversionistas privados las han abandonado o no se interesan en mercados menos rentables o en regiones alejadas. Así para favorecer el desarrollo social, cultural y económico de sus territorios, existen gobiernos que, ya sea a nivel de municipios, regional, nacional o internacional han lanzado iniciativas para facilitar la creación y el crecimiento de estas empresas.
Sin embargo, el principal desafío para las empresas de la economía social y solidaria es obtener una financiación suficiente y con condiciones aceptables para permitir su desarrollo. Esta amenaza debe resolverse a través de la asignación de recursos propios, adoptando medidas fiscales para incentivar a los actores privados a invertir allí también, contribuyendo a fondos de inversiones que estén dedicados a ellas o creando herramientas financieras específicas para dichas empresas u organizaciones que las apoyan.
De la mano de la economía social, se desarrolla el concepto de innovación social, que debe ser entendido como la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública con el objetivo de generar valor social.
Es cierto que la innovación en el sector privado se orienta a la mejora de la competitividad y, por tanto, a la generación de valor económico, la innovación pública ha de perseguir la consecución de unas políticas públicas que satisfagan mejor las necesidades sociales y unos servicios públicos de mayor calidad, mediante la asignación y la utilización de los recursos públicos.
La Innovación social pasa por ser una de las siete iniciativas emblemáticas de la estrategia de Europa que impulsa la Comisión Europea para lograr un desarrollo sostenible, justo y ecológico. Pero si es verdad que las continuas crisis y la escasez de recursos obligan a los poderes públicos a buscar nuevas fórmulas que satisfagan los problemas sociales y que, al mismo tiempo, impliquen un cambio en las relaciones sociales y fortalezcan el empoderamiento ciudadano.
En este contexto la Universidad, en su interrelación con la sociedad dentro de lo que se suele denominar tercera misión, favorece la innovación social como elemento de transformación.
En el debate sobre la innovación social, como en muchos otros campos del conocimiento, no existe un consenso para determinar el significado más acertado sobre la misma, incluso barajando múltiples definiciones elaboradas desde distintas disciplinas científicas. Pero sí resulta evidente que la innovación social empieza a emerger a partir del siglo XIX, especialmente desde la revolución francesa, y desde esta perspectiva histórica se rescata recientemente en respuesta al discurso hegemónico y dominante de la innovación tecnológica.
Hoy en día el concepto más adecuado de economía social lo podemos encontrar en los trabajos de Weber y Schumpeter.
Por último, debo manifestar que en el estado actual de economía social parece necesario simplificar los procesos de implantación de este tipo de economía y por supuesto aminorar las tareas administrativas para agilizar el emprendimiento social, así como impulsar la formación profesional en el ámbito de estas entidades de economía social, apostar por la innovación tecnológica, descubrir y estar abiertos a nuevos entornos de emprendimiento o potenciar el desarrollo de trabajos. La educación parece clave a la hora de potenciar este tipo de economía. Hay incluso muchas voces que piden la inclusión de la economía social como asignatura clave en los programas de educación de la mano de la Responsabilidad Social Corporativa, una posición sobresaliente sin duda.
Hoy más que nunca parece necesario introducir dentro de la economía social un enfoque de desarrollo social vinculado a los derechos humanos, asegurando la transparencia de las acciones empresariales de economía social y estableciendo mecanismos reales que midan la pobreza, la desigualdad y el desarrollo. Hoy es más necesario que nunca tomarse en serio la Economía Social: ya que esta es fundamental para desarrollar alternativas sociales reales y modelos económicos emergentes que ayudarán a su vez a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
