Feijóo y su partido están más perdidos que el barco del arroz. Puede que aún no se haya dado cuenta que no les queda ni siquiera un amigo en Balay. Para procurar la estabilidad de España, para respetar los principios constitucionales y para promover la igualdad y el bienestar de todos los españoles no era necesario esperar a reunirse con Pedro Sánchez. El Partido Popular ha tenido cuatro años para mostrar ese determinismo y sus líderes los han desaprovechado. Ahora, ya es tarde para que un nuevo relato sea creíble tras el 23 de julio.
Feijóo tiene un mandato del Rey, ha sido el primer partido en las elecciones pero el único que puede gobernar es la coalición de PSOE-SUMAR; porque estamos en un sistema parlamentario donde gobierna una mayoría de escaños durante cuatro años. Defender los principios constitucionales significa asumir que esto es así; nuestra democracia no es presidencialista y el PP debe reformular cuanto antes su discurso.
La necesidad de plantear un gran Acuerdo Nacional, por parte de Feijóo, cuyos objetivos prioritarios deben ser coincidentes con las prioridades de la ciudadanía, con la calidad de los servicios públicos, han sido precisamente los objetivos no compartidos por el PP, durante la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis energética y la sequía. El currículum de un partido, que se dice de Estado, ha sido el conjunto vacío durante estos años; oposición a los fondos europeos o al denominado timo ibérico, por no abundar en la oposición sistemática a cualquier medida social y económica que presentaba el Gobierno y que una vez pasado el tiempo se han evaluado como fundamentales.
A estas alturas del partido, presentar un Pacto de Regeneración Democrática, cuando el PP ha boicoteado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es un acto de hipocresía y de una nueva exculpación de su responsabilidad con la degradación que sigue sufriendo el poder judicial.
Plantear un Pacto por el Estado de Bienestar que garantice la Salud, la Educación, la Igualdad entre hombres y mujeres, más la garantía de las pensiones, es el desideratum cuando los gobiernos autonómicos del PP privatizan estos servicios públicos y yugulan las consejerías de Igualdad por imperativo de VOX. En relación a las pensiones es una expresión de cinismo cuando los mayores ya tienen asegurada su revalorización anual y ha quedado probada una postura antisocial de la derecha en la última década, en este capítulo.
El Pacto por el Saneamiento Económico, para los más vulnerables, la clase media y los jóvenes, tras oponerse el PP en los momentos más duros de la crisis, a la subida del SMI, a la subida de las becas, a las medidas sociales en el transporte… no deja de ser el relleno de cartón piedra para una mala película, donde sabemos cuál va a ser el final.
Lo del Pacto por las Familias, hubiera sido un detalle hablar de Igualdad, aunque sigamos acordándonos de su oposición a las medidas de conciliación de los trabajadores y trabajadoras.
En el ofrecido Pacto Nacional del Agua, hubiese sido una muestra de sensibilidad presentarlo como algo más global relacionado con el Cambio Climático que no acaban de asumir; porque no se trata de solucionar solo el problema de Doñana y del Mar Menor, donde han tenido más que tiempo para poner fin a tal desastre. La apuesta expoliadora de los gobiernos de Andalucía y Murcia, no anuncian nada bueno.
En lo referido al Pacto Territorial, las artes mostradas en el Gobierno de Rajoy, la alianza del PP en la actualidad con un partido que amenaza con superar el conflicto del 1 de octubre, no invita a la credibilidad; sobre todo cuando Feijóo percibe a un independentismo “envalentonado”, cuando la realidad nos informa que en los últimos años el soufflé separatista se ha desinflamado.
Septiembre, se le va a hacer largo. Y puede que otra legislatura de diálogo y progreso para terminar de consolidar las apuestas sociales y económicas iniciadas.
