La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha intervenido este jueves en el Pleno de la Asamblea de Extremadura a petición propia, donde ha manifestado la necesidad de que el Gobierno central se ponga a trabajar y presente un modelo de financiación autonómica cuando antes, como ya anunció el pasado mes de diciembre la vicepresidenta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En este sentido la consejera ha recordado que en cuanto la ministra Montero hizo este anuncio a todas las comunidades autónomas, el Gobierno de la presidenta María Guardiola se puso a trabajar en un manifiesto, «para reivindicar una financiación autonómica justa para nuestra región», que contara con el «apoyo unánime» de todos los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Extremadura.
Por ello, el 22 de febrero se llegó a este acuerdo y se firmó una declaración institucional en la Asamblea que contiene varios puntos fundamentales que parten de la necesaria multilateralidad en el debate y de que se garantice la suficiencia en la prestación de los servicios, se viva donde se viva, en igualdad de condiciones.
La consejera ha recordado varias disposiciones de la Constitución Española, de la Ley Orgánica 8/1980, reguladora de la Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del Estatuto de Autonomía en las que se impone que «el Estado debe velar por un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español» y que «las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no pueden implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales».
«El Estado tiene la obligación de asegurar los recursos necesarios para que la Comunidad Autónoma de Extremadura pueda prestar los servicios y ejercer sus competencias en condiciones de sustancial igualdad con el resto de regiones», ha recordado.
De ahí que el Gobierno regional defienda una posición común basada en los principios de autonomía financiera, de coordinación con la Hacienda estatal, «en una negociación multilateral» y de solidaridad, «esto no es caridad, es justicia y los vamos a exigir», ha defendido.
EL ESTADO ES EL QUE DEBE PLANTEAR UNA PROPUESTA DE REFORMA
La consejera de Hacienda y Administración Pública ha explicado que es el Estado el competente para regular el modelo de financiación autonómica, por lo tanto es él el que debe iniciar la reforma y plantear una propuesta.
«El Estado tiene que convocar ya una Conferencia de Presidentes y luego debatir el modelo de financiación autonómica en la Comisión de Política Fiscal y Financiera», ha reclamado.
La consejera ha explicado que la Junta de Extremadura defenderá que se abra el debate sobre cómo se cede la recaudación para que así, por ejemplo, en los impuestos sobre la electricidad o el IVA vinculado a esa electricidad se produzca «una recaudación equivalente» a lo que Extremadura produce.
El Ejecutivo extremeño también va a incidir en que se garantice la suficiencia financiera, valorando de manera «adecuada» el coste de prestación de los servicios, de tal manera que «la población no puede seguir midiendo un 97 por ciento en la detección de necesidades», sino que es «necesario» que variables como la superficie y el envejecimiento de esa población cobren «mayor peso».
Finalmente, Elena Manzano ha reiterado el planteamiento de la Junta de que la comunidad debe defender un modelo de financiación autonómica «unidos, con el apoyo de todos» los grupos parlamentarios, porque eso dará «fuerza» como elemento «esencial» para «garantizar lo importante, la prestación competencial en la comunidad y disponer de los recursos suficientes para atender las demandas de los ciudadanos extremeños».
SE CUMPLIRÁ CON LOS PLAZOS DE ESTABILIZACIÓN
La consejera de Hacienda y Administración Pública ha intervenido también en el pleno de este jueves en una interpelación sobre el proceso de estabilización de empleo público.
Manzano ha recordado que «los empleados públicos constituyen el principal activo de nuestra Administración y una absoluta prioridad para el Gobierno de la presidenta María Guardiola».
Así, Manzano ha criticado que lo que se ha encontrado este Gobierno es una «Administración Pública abandonada y lo que es peor, maltratada» con dotación insuficiente (la Dirección General de Función Pública se ha tenido que reforzar con 9 nuevas personas), sin herramientas informáticas, sin convocar concursos de traslado de puestos de estructura desde el año 2015 y una tasa de temporalidad muy por encima de la media nacional, un 39% según la EPA.
En cuanto al proceso de estabilización la consejera ha preguntado qué hizo el anterior Gobierno desde finales de 2022. «Nuestro Gobierno en 8 meses ha constituido todos los tribunales del concurso oposición, asignado aulas y anunciado las fechas de las pruebas», ha desgranado.
«Vamos a cumplir los plazos e hitos necesarios para culminar el proceso de estabilización el 31 de diciembre de 2024, tal y como marca la Ley 20/2021», ha señalado.
Así, ha hecho mención a que los exámenes comenzaron el pasado 6 de abril, habiéndose realizado 24 pruebas hasta la fecha, y que estos continuarán hasta el próximo 27 de julio.
La consejera ha recordado que se ha hecho un gran esfuerzo con el que se ha conseguido en tiempo récord publicar las plazas ofertadas, que son 447 en la convocatoria de concurso-oposición (130 de personal funcionario y 317 de personal laboral), y 2.746 para la convocatoria de concurso de méritos (1.096 de personal funcionario y 317 de personal laboral).
