La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Movilidad y Transportes, y el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico de la Guardia Civil en la región han erradicado una autoescuela en Almendralejo que ofertaba falsos cursos de obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), con el resultado de una persona investigada como presunto autor de un supuesto delito continuado de falsedad documental y otro de usurpación de estado civil.
La operación comenzó el pasado 13 de enero tras la recepción, en la sede de la Dirección General de Movilidad y Transportes, de una denuncia por parte de la CECAP (Asociación de Empresas de Formación de Extremadura). Esta denuncia fue trasladada al Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Extremadura, para ser analizada por especialistas del grupo GIAT que, de manera inmediata crearon un grupo de trabajo, junto a miembros de la Inspección de Transportes de la Junta de Extremadura, a fin de dar respuesta a un posible fraude en la expedición de certificados CAP, llevando a cabo la denominada ‘Operación TESTA’.
En esta operación han sido investigados delitos continuados de falsedad documental y usurpación de estado civil vinculados con la realización fraudulenta de los cursos para la obtención del CAP, documento obligatorio que acredita la superación del examen de cualificación inicial y/o la realización de los cursos de formación continua exigidos a las personas que pretendan conducir vehículos de más de 3.500 kilos o autobuses de más de 9 plazas.
La denuncia de la CECAP ponía de manifiesto unos hechos que sugerían ciertas irregularidades en la expedición de los certificados de aptitud profesional a los conductores profesionales de vehículos pesados por parte de un determinado centro de formación, que fue identificado y ubicado en la localidad de Almendralejo.
La investigación ha determinado que de manera reiterativa el responsable de la autoescuela convocaba cursos sin que los inscritos en dichos cursos acudiesen de manera presencial a los mismos, si bien todos ellos resultaban aptos tras simularse documentalmente y desde el propio centro de formación, la asistencia de los alumnos.
Para llevar a cabo el fraude, el titular y profesor del centro de formación falseaba el sistema de control del alumnado cuya supervisión compete al Servicio de Inspección de Transportes de la Junta de Extremadura, logrando así justificar la comparecencia a los cursos de, al menos, 50 alumnos que ya han sido identificados y que se enfrentan a la inhabilitación en la obtención o renovación del CAP.
MÁS DE 30.000 EUROS DE BENEFICIO
Los alumnos que procedieron a la contratación de cursos pagaron al investigado 1.000 euros por el de obtención inicial y 400 euros por el de renovación, estimándose que entre los cursos investigados el titular del centro habría obtenido un beneficio económico de 30.800 euros.
Con la acumulación de pruebas e indicios, el pasado día 22 de marzo miembros del GIAT procedieron a la investigación policial del titular de la autoescuela como presunto autor de un supuesto delito continuado de falsedad documental y otro de usurpación de estado civil.
Con la presente actuación, la Dirección General de Movilidad y Transportes y la Guardia Civil de Tráfico de Extremadura han conseguido erradicar un centro desde el que se generaban falsos cursos de obtención del CAP, que simulaban la capacitación como conductores, a personas que no recibían la oportuna formación y cuyo trasfondo repercutía en la seguridad del transporte pesado y de viajeros y en consecuencia, en la seguridad vial, debido al gran impacto que tiene la circulación de estos vehículos por las vías públicas, además de suponer una competencia desleal al resto de centros de formación que imparten estos cursos de capacitación.
Las diligencias instruidas y las pruebas incriminatorias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Almendralejo.
PRESERVAR LOS BIENES CULTURALES
La directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda Márquez de la Plata, ha afirmado que recuperar el patrimonio usurpado es fundamental para «reconstruir nuestro pasado, construir nuestro futuro a través del presente y seguir creando nuestra identidad».
Así lo ha puesto de manifiesto la responsable de Patrimonio Cultural durante la presentación de las piezas de patrimonio arqueológico recuperadas en el transcurso de la operación ‘Tamussia’, llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, que ha supuesto el desmantelamiento de un grupo criminal dedicado al expolio de yacimientos arqueológicos.
Los detalles de esta operación han sido presentados este martes en el Museo de Cáceres y, en el acto, Rueda Márquez de la Plata ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el teniente coronel y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, Rafael Roldán Parra, y el teniente jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Antonio Manuel Lucero Suárez.
En estas intervenciones, los agentes de la Guardia Civil han logrado recuperar más de dos mil quinientas piezas de interés arqueológico, mayoritariamente monedas que datan de la antigua Roma, procedentes de los yacimientos arqueológicos de Cáparra, Villasviejas del Tamuja y del entorno de Alcántara, lugares todos declarados Bienes de Interés Cultural (BIC).
Además, la operación se ha saldado con la detención de seis personas y la investigación de otras tres como supuestas autoras de los delitos de daños continuados contra el patrimonio histórico, hurto agravado, blanqueo de capitales, receptación y pertenencia a grupo criminal, como así detallaron los responsables de la Benemérita.
Durante su intervención, la directora general de Patrimonio Cultural ha resaltado la importancia de la colaboración entre diferentes instituciones y ha puesto el acento en que «intervenciones como estas permiten recuperar el patrimonio y devolvérselo a los ciudadanos, auténticos propietarios de estos bienes culturales».
Rueda Márquez de la Plata ha afirmado que las piezas recuperadas «nos van a permitir seguir ahondando en el estudio de las civilizaciones que nos precedieron, que conforman nuestra historia y a las que, sin duda, debemos gran parte de lo que hoy somos».
Asimismo, ha señalado que estos expolios carecen de todo tipo de rigor científico o de estudio en la extracción de las piezas, causando, además, la pérdida del contexto arqueológico y de la información histórica asociada a las mismas.
Igualmente, la responsable regional del patrimonio arqueológico ha reseñado que el robo y el expolio del patrimonio cultural impide la reconstrucción de los procesos de identidad que posibilitan estos restos del pasado y ha manifestado la importancia de la colaboración entre administraciones porque «proteger y preservar el patrimonio, histórico y patrimonial exige la concurrencia de todos los poderes públicos».
Por su parte, el delegado del Gobierno ha destacado la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los técnicos del Servicio de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura, así como el apoyo prestado para la catalogación y documentación de las piezas halladas.
