Un total de quince comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, han enviado una carta al Ministerio de Transformación Digital, dirigido por José Luis Escrivá, para solicitar una ampliación de la ejecución de los fondos europeos destinados a la conectividad digital y que estas subvenciones puedan ser usadas por cada región dependiendo de sus necesidades y de las demandas que realizan los ciudadanos en cada territorio.
Esta petición de las autonomías se corresponde con el Componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se centra, entre otros aspectos, en el impulso de la ciberseguridad y el despliegue del 5G. El Gobierno ha delegado en ellas la gestión de 100 millones de euros destinados a acciones de refuerzo para alcanzar una total conexión a Internet en polígonos industriales, centros logísticos y en centros públicos de referencia, además de 30 millones para la emisión de bonos de acceso a la red a familias vulnerables y 80 millones para actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.
Sin embargo, las CCAA llevan reclamando desde hace más de un año la ampliación de plazos y la modificación de las condiciones para mejorar el interés de las iniciativas de este Componente 15. Consideran que las actuaciones determinadas no corresponden a la problemática de las regiones y han denunciado la ausencia de solicitudes en muchas de ellas.
Así, señalan que de las subvenciones destinadas al acceso a Internet de familias vulnerables se ha adjudicado solo en un 4,4% (en Extremadura 38 solicitudes de 3.576 posibles, un 1,06%).
Del mismo modo, solo 78 comunidades de vecinos de las 13.600 que prevé el Ejecutivo central (un 0,5%) han solicitado la subvención dedicada a adaptar a las nuevas tecnologías las infraestructuras de los edificios anteriores al año 2000. En el caso de Extremadura no hubo ninguna petición (0%), a pesar de haber tenido la convocatoria abierta durante 6 meses.
En el Pleno de la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, las comunidades autónomas han vuelto a poner de manifiesto estas reivindicaciones y han rechazado la ampliación de fondos para las iniciativas en marcha, al tiempo que han incidido en la necesidad de una mayor cogobernanza en la toma de decisiones.
