El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado hoy, en el área de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, un decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, la localidad de Alcántara, por conformar un conjunto relevante en el contexto del patrimonio histórico y cultural extremeño.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de dos nuevas licitaciones de carácter técnico para avanzar en la construcción de la ronda sur de Badajoz y de la ronda sureste de Cáceres, ambas por un importe global de más 1.600.000 euros, según ha informado en rueda de prensa este miércoles el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González.
Concretamente, el Ejecutivo ha aprobado la contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de las obras de la ronda sur de Badajoz (tramos 1 y 4), por importe de 826.410 euros, y el servicio de asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras de construcción de la ronda sureste de Cáceres, tramo II (EX – 100 – EX 206), por un importe de 812.767 euros, éste último con una financiación del 80 por ciento con cargo a fondos FEDER.
El portavoz del Ejecutivo ha señalado que la apuesta de la Junta de Extremadura por estas infraestructuras en las dos capitales de provincia es «clave» para que ambas ciudades sigan desarrollándose y resulten atractivas para la inversión.
En el caso de la ronda sur de Badajoz, con 4 kilómetros ya abiertos a la circulación, Juan Antonio González ha puntualizado que su objetivo es aliviar el tráfico y facilitar la conexión con la Plataforma Logística. Su inversión ha sido de 30 millones de euros.
También ha recordado que, cuando esté completa, la ronda sur de Badajoz contará con un recorrido de 16,5 kilómetros de longitud.
Por lo que respecta a la ronda sureste de Cáceres, cuenta ya con un primer tramo en servicio, cuya construcción supuso una inversión de 22 millones de euros, y la intensidad del tráfico que soporta es de 15.000 vehículos por día.
AYUDAS PARA INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL
El Consejo de Gobierno ha aprobado también las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental realizados en colaboración público-privada por empresas y agentes públicos del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, según ha informado Juan Antonio González.
La principal novedad, ha precisado, es que las empresas privadas y las entidades públicas van a intervenir en un régimen de «total igualdad» y van a ser responsables de la ejecución del proyecto.
Con estas ayudas, que contarán una dotación de cinco millones de euros, se pretende acercar la capacidad investigadora de los centros públicos a las necesidades de los centros privados y favorecer la transferencia de conocimiento. En esta convocatoria la temática de los proyectos deberá versar sobre almacenamiento energético, según ha explicado González.
En el ámbito sanitario se ha autorizado la firma de 22 convenios de colaboración con mancomunidades de municipios para la prestación, valoración y orientación de los servicios sociales de base, por importe global de 3.736.000 euros.
Estos convenios -ha avanzado González- garantizarán la continuidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo de 105 trabajadores sociales que atienden dichos servicios, que ha definido como «la primera puerta» que tienen los ciudadanos con problemas para ponerse en contacto con la Administración, y, por ello, su fortalecimiento se considera fundamental.
También en el apartado de servicios sociales, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Prevención con Familias y Menores en Riesgo Social para el año 2023, por un importe de 1.284.948 euros.
Esta convocatoria está dirigida a las mancomunidades integrales y a los municipios de la Comunidad Autónoma con población superior a 10.000 habitantes.
Con estas ayudas, conocidas como «programa de familia», se pretende desarrollar políticas y acciones de apoyo a las familias y a los menores en riesgo social para garantizar los derechos de estas personas.
