¿Se acuerdan cuando en el verano pasado, Feijóo anunciaba un otoño tenebroso? Pues ya estamos en invierno, apuntando a un crecimiento del 4,7% del PIB, en 2022, que supone una revisión al alza de más de 0,4 puntos porcentuales en este año. Tan preocupado por la cesta de la compra de los españoles, solo se le ocurre bajar el IVA de los alimentos mientras se alinea con la CEOE en su mezquindad de subir salarios y sumar los hombros.
Quería bajar impuestos y su referente, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, casi quiebra la economía de su país y tuvo que dimitir. Bajar impuestos a los Bancos y empresas energéticas no está bien visto ni siquiera en los votantes de derechas. Feijóo siguió denunciando el timo ibérico energético y ahora tendría que hablar del timo europeo y eso ya no cuela. Pidió debate con el Presidente de Gobierno en el senado y fue noqueado por nocaut técnico en los primeros asaltos. El mercado de trabajo alcanza los mejores dígitos de empleo de la historia y él, con su partido, cuestiona la metodología contable de la EPA. Profetiza la recesión irreversible de nuestra economía y… ¡Voilá! Mientras, el nada sospechoso Banco de España, reconoce el impacto positivo del SMI, para más de dos millones de trabajadores, y de la Reforma Laboral en el consumo, sobre todo en los últimos meses.
Al político moderado que llegó de Galicia con una pose de persona tolerante se le está poniendo cara de Cuca Gamarra. Mimetizado por la bronca clásica de Casado y de Isabel Ayuso, está abusando de tirarse tiros en sus pies. La desvergüenza del PP y del CGPJ negándose a renovar un órgano que lleva incumpliendo cuatro años, día tras día, la madre de todas las leyes, es manifiesta.
En lugar de luchar por dar credibilidad a las instituciones, se afanan por degradarlas. Feijóo, parece que ha hecho una lectura rápida del empresario y economista, Alain Minc, que argumenta que la época del ejército y la iglesia ha pasado. Ahora se trata de utilizar a los jueces y a los medios de comunicación urdiendo estafas demoscópicas que induzcan a la opinión pública que hace tiempo, en su individualismo, dimitió de ocupar los espacios públicos.
Ese Consejo alegal a todas luces, en este momento, es el que determina los jueces que enjuician en la vida diaria.
Hay que ser muy ingenuo para no entender esta situación como un chalaneo torticero, anticonstitucional y antidemocrático entre el PP y los jueces conservadores. Se podría incidir en la intencionalidad de esta postura conspiratoria; salvar situaciones complicadas y corruptelas del partido de Feijóo, controlar a renglón seguido el Tribunal Constitucional para derogar las leyes aprobadas en el Parlamento, pero el fin fundamental es la desestabilización de nuestro sistema y nuestras instituciones para provocar unas elecciones adelantadas que presumiblemente piensan que van a ganar. Como no tienen el poder, están dispuestos a secuestrar el poder judicial para limitar el poder legislativo en leyes aprobadas como la Reforma Laboral, La Ley de Eutanasia, La Ley de Educación y todas ellas, mientras llegan las elecciones para alcanzar el ejecutivo.
Expulsar del gobierno a sus legítimos ocupantes, que no “okupas”, ha sido su única prioridad desde hace tres años, sin otro servicio al país que crear incertidumbres, desprestigiar a nuestro Gobierno en Europa, o aliarse con élites que dejan mucho que desear en la superación de una sucesión de crisis.
Cuando el Sr. Feijóo anuncia que “hará lo que haga falta” para salvar a España de Sánchez, puede entenderse, desde una proyectiva óptica psicoanalítica, que anuncia su intención de extralimitarse en su condición de jefe de la oposición. Puede que estas prisas de desalojar al Gobierno tenga mucho que ver con las malas noticias que al PP le irán llegando en 2023 como alejarnos de los peligros de recesión, con más medidas sociales, descenso de la inflación o la presidencia de España de la Unión Europea a partir de julio. El golpe que se va a dar Feijóo cuando caiga del caballo, si la izquierda es mínimamente inteligente, está asegurado.
Cuando Sánchez deje de abrazarse con las derechas extremas y extremas derechas de este país (en España no hay derecha centrada y reformista, ya que su lugar lo ocupa una sección del PSOE, acaudillada por la ‘Vieja Guardia’) a la hora de rechazar todas las comisiones de investigación que presenta la izquierda con cierto pedigrí (socialdemocracia que no llega a socialismo) en relación a la Casa Real y sus desfalcos y depravaciones y su ilegitimidad de origen y de ejercicio (heredera, la ‘Borbonada’, de una genocida dictadura franco-fascista), entonces, solo entonces, pensaremos que el Gobierno va por buen camino; camino que también tiene que sortear las zancadillas de la CEOE y legislar no para cambiar el nombre o tipo de contratos, sino para que los contratos sean a tiempo completo y con salarios dignos; no parcheos que son pan para hoy y hambre para mañana. Pero mal vemos el panorama, máxime cuando acabamos de enterarnos que el Ejecutivo, a unas preguntas del senador Carlos Mulet, de Compromís, ha respondido que el nombre del «rey decrépito» no se quitará de ninguna institución, callejero, patronatos, instalaciones militares y todo lugar donde aparezca rotulada su putrefacta corona. Aplausos. Mantener institucionalizado a un ladrón de cuello blanco, autogolpista el 23-F (se ha publicado reiteradamente con datos contundentes y nadie lo ha desmentido), es socavar los cimientos de la democracia. ¿En qué país se ha visto que un ladrón tenga rótulos por toda la nación? Si los tiene su abuelo, Alfonso XIII, «El Africano», corrupto, ladrón, pornógrafo y el primer Jefe de Estado del mundo que ordenó a su aviación utilizar armas de destrucción masiva (gases químicos) contra los rifeños de Marruecos, asesinando a miles de mujeres y niños, ¿por qué no los puede tener él? Un Gobierno con doble moralidad, con un presidente convertido en un combativo adalid de la OTAN y del ‘Tío Sam’, que le aplauden por lo bien mandado que es, debe dejar paso a una izquierda laica, republicana y dispuesta a realizar profundos cambios sociales y no solo maquillajes. Los ministros morados no han dicho nada sobre la respuesta al senador de Compromís. Pues el que calla, otorga. A este paso, nos quedaremos en casa, dejando que sea la partitocracia la que vaya a las urnas. Hay que ser consecuentes con los que se piensa y lo que se hace. ¡Salud y República!