Los insolventes suelen querer acariciar sus objetivos con mala fe. Si fuese cuestión de capacidad lo harían con empatía. A estas alturas, negar la eficacia de propuestas de nuestro Gobierno en Europa solo puede defenderse desde el hooliganismo. Propuestas sobre la mutualización de la deuda y su traducción en fondos europeos de resiliencia o la excepcionalidad de isla energética para España y Portugal; que en solo un trimestre ha ahorrado a los bolsillos españoles unos dos mil trecientos millones de euros, son hitos que se han convertido en un nuevo modelo de cómo confrontar con una crisis. Es justo recordar la inquina e irresponsabilidad que mostraron tanto Casado como Feijóo en un combate incomprensible frente a las propuestas de Pedro Sánchez. El desprestigio anterior de España, evaluado como país PIGS -Cerdo-, en relación a la crisis del 2008, se ha transformado en referencial e innovador para sortear los peligros de una nueva recesión, de una forma más inteligente y social.
La Presidenta de la C.E. y correlegionaria de Feijóo en Europa ha manifestado que las empresas energéticas y bancarias se están aprovechando de la crisis y por ellos se les debe aplicar una tasa temporal para que reviertan una porción de sus beneficios extraordinarios en la parte de la sociedad más afectada por el incremento de precios. La Banca en España obtuvo en el año 2021 más de veinte mil millones de beneficios. En este año, como consecuencia de la subida de tipos de interés y de las hipotecas, las ganancias aumentarán considerablemente.
Esta Banca es la misma que durante el gobierno de Rajoy obtuvo del erario público más de sesenta mil millones de euros, dineros de los cuales el Sr. De Guindos nos recordaba que sería devuelto hasta el último euro. Pues bien, no solo no son corresponsables con la situación actual sino que trasladan más malestar haciendo una defensa numantina de sus privilegios. A la vez, los argumentos de los voceros de estos sectores son amenazantes sobre las posibles consecuencias de oferta credicitícia y pérdida de empleo, como si el ajuste de plantilla no lo hubieran hecho ya, amplificadas por opciones políticas que las sitúa en un fotograma psicopático.
Con sentido común, Ursula Von der Leyen, en representación de Europa, asume la estrategia española en materia energética y de lucha contra la inflación, anunciando que se recaudará con esta tasa temporal ciento cuarenta mil millones de euros. La sucesión de riesgos contraidos por la pandemia más la guerra de Ucrania ha favorecido un colapso global económico provocando una inflación desatada debida a estos desajustes y al ansia especulativa de sectores económicos que han visto la oportunidad de incrementar exponecialmente sus beneficios.
Es decir, una inflación que nada tiene que ver con la demanda como consecuencia de subidas salariales, que no se han producido, y sí por el alza de costos de forma autónoma e interesada. Por eso, da vergüenza ajena escuchar voces de la CEOE y del PP, cuestionando la oportunidad de subir el SMI o establecer cláusulas de revisión salarial para evitar redoblar los esfuerzos de la clase que trabaja y se esfuerza.
No es extraño que la patronal y la derecha se vean inquietos ante un Pacto de Renta. No lo necesitan, porque la parte de los más desfavorecido ya la está haciendo por la vía de la contención salarial mientras los precios no dejan de subir. Por eso, suntantivizar la Responsabilidad Social de las empresas es reclamar puro intervencionismo para unos desatados comilitones de la derecha que nos dijeron hace poco que vivíamos por encima de nuestras posibilidades.
En este contexto y entre bambalinas, mientras todo esto ocurre, además de tratar de gestionar con medidas sociales una sucesión de pesadillas, el Gobierno tiene que dar salida de forma tranquila pero constitucional a una deriva del CGPJ para que la derecha ultramontana no consiga cerrar su tormenta perfecta de confrontación, ruido, conflicto, cloacas, negacionismo político, periodismo comprado… que se aproxima a una especie de golpismo trumpista. La confluencia de variables que Hannah Arendt definía como “todo orden totalitario viene precedido por una alianza entre élites y chusma”.













Pero por qué no se vuelve a lo que la Constitucion dice para el CGPJ: Que nombren 12 los jueces, 4 el Congreso y 4 el Senado. Así se cumple de lleno la Constitución. Un estado de Derecho se basa en la división de poderes. Cúmplase que es lo democarático. Lo que actualmente hay es una politización encubierta del poder judicial. El poder judicial tiene que gozar de independencia para una justicia imparcial. Si la justicia no es imparcial no es justicia.
Julián: La historia del CGPJ es la repetición del ADN del PP. Con Felipe González Aznar bloquea hasta las elecciones que termina ganando con mayoría. La renovación se hace a su gusto. Con Zapatero, Rajoy bloquea 2 años hasta que gana y obtiene mayoría. Vuelta a renovar a la carta. En el caso de Pedro Sánchez, ya sabemos que Casado y Feijóo imponen 4 años de bloqueo. Están a la espera de ganar para hacer cambios cosméticos. El problema está en que es un partido antidemocrático. Saludos, amigo.
El análisis está por encima del nivel medio de un Consejero de la Junta de Extremadura