En el mundo digital somos un número que proporciona muchos datos. Esto puede ser muy peligroso si quienes poseen estos datos es un grupo selectivo de personas, ya que no solo pueden predecir dónde estamos, qué hacemos, qué nos gusta, qué pensamos, entre muchas otras cosas. Sino que pueden deshumanizar al ser humano, centralizar el poder y construir sociedades en las que sea más importante ser aceptado digitalmente, que socializar con el vecino. En ese mundo digital somos capaces de juzgar al otro por la rapidez con la que contesta nuestros mensajes en WhatsApp, por el tipo de fotografías que comparte y su ‘identidad’ digital. Esta realidad nos debería cuestionar: ¿estamos creando sociedades digitales, sin personas?

Sin embargo, ante todo esto, sí que nos atrevemos a hablar de la adicción al alcohol, a la comida, al trabajo o a las drogas, pero poco o nada de la tecnología. Sin embargo, lo es. se llama tecnofilia , una condición en la que las personas dependen en forma excesiva del uso de la tecnología, a tal punto que no se pueden separar de ella. A pesar de esto, ni los gobiernos ni las empresas hablan y mucho menos toman acciones relacionadas a esta problemática.

Sé que nos enfrentamos a un dilema que no es nuevo, este nos acompaña desde que la humanidad abordó una reflexión acerca del uso de la técnica como una especie de sobre naturaleza que permitía operar sobre el mundo y transformarlo para su provecho material. Este dilema se ha visto agudizado en los últimos años a raíz del poder de cambio que, en términos económicos y sociales, ha propiciado la tecnología con el advenimiento del llamado capitalismo cognitivo a través de la economía de plataformas basada en los datos.

Con el uso excesivo de la tecnología generamos una huella digital sobre nosotros que engrosamos a diario. Es tan intensa y tan precisa que casi replica a la perfección quiénes somos. De hecho, quienes tengan las capacidades algorítmicas adecuadas para trabajar sobre ellas pueden saber lo que pensamos, lo que sentimos o lo que necesitamos cuando vivimos atrapados bajo la atmósfera de ansiedad y urgencia que por ejemplo nos acompañó en tiempo de pandemia.

Dentro de este mundo digital estamos modelando un dios tecnológico que recuerda a aquel otro que los griegos llamaron Argus Panoptes, una criatura vigilante repleta de ojos que registraba todo lo que veía. El resto de los dioses lo utilizaban para vigilarse los unos a los otros. Algo que hizo que el Olimpo se convirtiera en un régimen de policía moral muy parecido al descrito en la película La vida de los otros. Este Dios hace todo esto gobernando mediante algoritmos que controlan las grandes corporaciones tecnológicas mientras su cuenta de resultados crece hasta alcanzar cifras astronómicas.

En el actual mundo tecnológico no podemos distinguir entre la mentira y la verdad, y mientras esto ocurre se desmorona el fundamento epistemológico y moral que está detrás de la democracia, pues, como explicaba Jefferson, ésta sólo puede basarse en el supuesto de que un ser humano «puede ser gobernado por la razón y la verdad». Algo que requiere que los gobiernos garanticen que las puertas queden abiertas siempre a ellas, pues, «abrir las puertas de la verdad y fortalecer el hábito de someterlo todo a la prueba de la razón son las mejores esposas que podemos colocar en las manos de nuestros sucesores para evitar que ellos esposen a la gente con su propio consentimiento».

Resulta inmediato que empezar a definir el humanismo tecnológico, fundamentado en la defensa, tanto para el diseño como para la praxis tecnológica, de un horizonte ético fundado en la dignidad humana, en su centralidad axiológica y en la posesión de unos derechos fundamentales que preserven aquella. En este humanismo tecnológico se debe garantizar legal y políticamente el control humano de esa evolución y elección, y subordinarlo a principios éticos que hagan reconocible la dignidad de la persona como centro de su diseño, es el propósito que anima al humanismo tecnológico a la hora de contribuir a la narrativa que defina el ciber mundo, parafraseando a Virilio, como el gobierno de lo mejor para el ser humano.

Necesitamos urgentemente un pacto entre la técnica y el hombre basado en la creación y los límites. Un pacto que busque la armonía y no la utilidad. Un pacto que se funde en una nueva metafísica que dé sentido a esa voluntad de acción que es inevitable, pues, como vimos en contacto con la experiencia digital de la pandemia, nuestro estar en el mundo gracias a la técnica provoca, también, una revolución ontológica de nuestra identidad que debemos gobernar desde un nuevo humanismo.

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La economía social tiene su ley motriz en todas las transiciones sociales, pero también es un motor histórico y actual de las transformaciones habidas en un mundo que busca hoy mas que nunca nuevos puntos de referencia, la búsqueda de la identidad de las personas, más sensible a cuestiones medioambientales, que condicionan tanto el futuro del planeta como el de la especie humana, nuestra responsabilidad por supuesta que está comprometida.

En el recorrido español nos encontramos como la Ley 5/2011, de 29 de marzo, definió la economía social como el conjunto de actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades que, en conformidad con los llamados (por la propia ley) principios orientadores, persiguen el interés general económico o social o ambos. La ley también enumera cuáles son, en el Estado español, las empresas de la economía social.

En términos macroeconómicos y si acudimos a la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), a finales de 2015 había en España 42.929 empresas de la economía social, que generaron el 10% del PIB. De estas, 20.258 (47,19%) eran cooperativas y 10.828 sociedades laborales (25,22%). Si sumamos ambas, cooperativas y sociedades laborales suponen 31.086 empresas, un 74,41% (casi dos terceras partes) del total de empresas de la economía social.

En cuanto a la ocupación generada, y de acuerdo con las estadísticas que nos proporciona el INE las cooperativas daban ocupación directa a 277.390 personas a finales de 2015. Las sociedades laborales ocupaban de manera directa a 63.536 personas. Se estima que el total de ocupación directa e indirecta generada por las empresas de la economía social en 2015 era de 2.219.733 puestos de trabajo en todo el estado. En total, las empresas de la economía social generaron en 2015 el 12,5% de la ocupación del estado, con un 80% de contratación indefinida y un 47% de ocupación de personas menores de 40 años.

La actual Estrategia Española de Economía Social ha sido desarrollada gracias a los principales actores del sector, representantes de 16 ministerios, comunidades autónomas, organizaciones representativas, sindicatos y expertos. La Estrategia Española de Economía Social gestada por los principales actores del sector, representantes de 16 ministerios, comunidades autónomas, organizaciones representativas del sector, sindicatos, y expertos es una guía para avanzar y fortalecer el desarrollo de una forma de entender la economía que ya representa el 10% del PIB del país.

Básicamente esta estrategia consiste en reforzar el papel de las entidades gestoras en la economía social, promover la contribución de la sociedad en términos de redistribución de riqueza, valores, y sostenibilidad económica, social y medioambiental. Esta estrategia está alineada con los objetivos de la Agenda 2030 y el Plan de Acción Europeo de la Economía Social. Sus acciones incluyen el estímulo y apoyo financiero a la creación de plataformas colaborativas, el respaldo al emprendimiento colectivo en zonas rurales y la integración de mujeres vulnerables a través de la Economía Social.

Es concluyente manifestar cómo los nuevos modelos del siglo XXI contribuyen a ampliar y modernizar el ámbito de actuación y el enfoque de la economía social y solidaria clásica, aunque, dado su recorrido histórico, nos encontramos con una economía social más consolidada y asentada en todo el mundo. Para mí es contundente manifestar como la racionalidad y el progreso social no deben abandonar la compatibilidad y por supuesto opino que la eficiencia empresarial debe convivir con la responsabilidad social. 

Bajo mi opinión debe promoverse aún más el potencial que subyace de la economía social esta debe convertirse en un semillero de nuevos modelos de negocio, modelos que proporcionen a su vez servicios esenciales los cuales deben contribuir a una transición más justa, verde y digital e involucrando en este cometido a los jóvenes.

También parece cierto que a lo largo de la historia la ESS ha sido mimetizada con una economía exclusiva para los colectivos más vulnerables, muy lejos de la realidad ya que la la ESS bajo mi opinión es una opción para todas las personas, por supuesto que los proyectos en economía social deben ser viables y sostenibles desde el punto de vista técnico y económico. Tampoco se debe obviar que la ESS lleva consigo la puesta en práctica de unos determinados valores y principios éticos que parece imperante que aspiren a ser normativos. Así, la ESS pretende incorporar los valores universales que deben regir la sociedad y las relaciones entre las personas: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social, compromiso con el entorno y democracia directa.

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El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. En concreto, establece las relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración, los accionistas y el resto de partes interesadas, y estipula las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para la generación de valor.

El Gobierno Corporativo de las empresas en definitiva constituye el conjunto de normas que regulan el comportamiento transparente de una organización, ya se trate de una empresa o institución, contribuyendo a la consecución de la eficiencia  y sobre la base de una serie de principios éticos que inspiran la forma en que son dirigidas y controladas las corporaciones modernas, con independencia de su tamaño (empresas cotizadas o no, grandes o pequeñas multinacionales, transnacionales o multilatinas, Pymes, familiares), titularidad (privada o pública, con o sin ánimo de lucro, anónima por acciones o de responsabilidad limitada), actividad y ámbito de actuación (local, nacional, regional, global). El Buen Gobierno Corporativo se basa principalmente en cuatro pilares fundamentales:

• El mundo de los valores y principios.
• La creación persistente de valor.
• La satisfacción de las partes interesadas.
• El desarrollo sostenible.

La implantación de buenas prácticas de gobierno corporativo puede ser un aliciente para la creación de valor para las empresas. En este proceso es verdaderamente importante aumentar la transparencia dentro de los procesos internos y órganos del gobierno. Los beneficios directos que se obtienen el mantenimiento de estas buenas prácticas son los siguientes:

Acceso a la financiación: la incorporación de mecanismos de control y participación de los accionistas, así como la profesionalización del consejo de administración, favorece la gestión responsable de la compañía y el establecimiento de objetivos que busquen un crecimiento sostenible a largo plazo.

Generación de valor: un buen gobierno corporativo aumenta la rentabilidad de las empresas y su valor dentro del mercado, haciéndolas más atractivas y posicionándolas mejor que a sus competidores.

Gestión de riesgos: las empresas adquieren estructuras de gestión más sólidas, en las que la toma de decisiones es más ágil y efectiva. Además, están más preparadas ante cualquier eventualidad económica tanto a nivel nacional como internacional.

Creación de sinergias: el hecho de que el objetivo empresarial de una compañía esté asociado a valores implica la creación de sinergias más interesantes, garantizando su estabilidad y proyección en el mercado.

Beneficios para la economía nacional: aumenta la inversión de capital extranjero contribuyendo al desarrollo financiero. De esta forma, contribuye a favorecer el crecimiento y la creación de empleo dentro de la sociedad.

En España y en los últimos años se han producido notables avances en materia de buen gobierno corporativo. Es importante conocer que en el marco actual del gobierno corporativo de las sociedades cotizadas de nuestro país encontramos dos niveles:

Las normas de obligado cumplimiento: aquellas incorporadas a la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales aplicables.

Las recomendaciones de buen gobierno: estos son de carácter estrictamente voluntario, pero la legislación española sí que exige que, cuando no se sigan las recomendaciones expuestas en el Código, la organización debe explicar los motivos para que los accionistas, los inversores y los mercados en general puedan juzgarlo.

En la actualidad, el buen gobierno corporativo es una condición indispensable para el éxito empresarial. Las empresas que cuentan con un buen gobierno corporativo son más atractivas para los inversores, los clientes y los empleados. Además, están mejor preparadas para afrontar los retos del entorno empresarial, como la incertidumbre económica, la competencia global y la transformación digital.
 
Garantiza la transparencia y la responsabilidad en la gestión de la empresa. Esto permite que los accionistas, los empleados y el público en general puedan conocer la situación de la empresa y ejercer sus derechos de forma eficaz. Además, favorece la equidad en las relaciones entre los diferentes grupos de interés. Esto contribuye a la creación de un entorno de trabajo más justo y productivo, y a la generación de valor a largo plazo para la empresa. Puede también reducir el riesgo de corrupción y fraudes. Un buen gobierno corporativo ayuda a prevenir los conflictos de interés y a garantizar que los recursos de la empresa se utilicen de forma eficiente y eficaz.

Las empresas que cuentan con un buen gobierno suelen gozar de ciertos beneficios, entre los que destacan ser mayormente atractivos para los inversores. La mejora de la reputación y la imagen de marca es otro de los frutos. Además, estas empresas suelen ser percibidas como más responsables y transparentes, lo que les ayuda a ganarse la confianza de sus clientes y de la sociedad en general.

El buen gobierno corporativo está cobrando especial relevancia en el contexto de la globalización y la transformación digital especialmente dentro de las empresas que operan en entornos internacionales se debe contar con un buen gobierno corporativo para poder competir con éxito. En España, la importancia del buen gobierno corporativo fue reconocida por anteriores gobiernos, aprobando una Ley de Sociedades de Capital que reforzaba de esta manera los requisitos de transparencia y responsabilidad de las empresas. Poseer una cultura corporativa sólida es un elemento clave del buen gobierno corporativo, tanto a corto como a largo plazo, debido a que esta opción puede ayudar a crear un entorno de trabajo más productivo y colaborativo, y a atraer y retener a los mejores talentos. Para esto, las empresas deben definir sus valores y creencias, comunicarlos a sus empleados y crear un entorno en el que se vivan estos valores y creencias. 

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Una de las grandes novedades introducidas por el RGPD tiene que ver con el rol de las empresas en la gestión de los datos personales: las organizaciones deberán ejercer una responsabilidad activa y continuada.

¿Pero qué es la responsabilidad activa?

El actual “Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 “relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE” (Reglamento general de protección de datos), introduce como novedad el principio de responsabilidad activa. 

Y esto quiere significar que las empresas y profesionales deben adoptar medidas que aseguren razonablemente que están en condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías que el Reglamento establece. El Reglamento entiende que actuar sólo cuando ya se ha producido una infracción es insuficiente como estrategia, dado que esa infracción puede causar daños a los interesados que pueden ser muy difíciles de compensar o reparar a posteriori. 

Las grandes novedades del RGPD son:

Ampliación del concepto de datos personales Se amplía el concepto de datos personales a nuevas fuentes de información, incluidas las cookies y las direcciones IP.

Derecho al olvido y a la portabilidad de datos Los derechos ARCO se actualizan en la nueva norma como derechos de transparencia, información, acceso, rectificación, limitación del tratamiento y oposición, a los que se añaden los nuevos:

Supresión o derecho al olvido, para pedir que los datos personales sean suprimidos en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos siendo menor, sin plena conciencia de los riesgos que ello implica.

Portabilidad de datos, para la recuperación de los datos en un formato que permita su transferencia a otro responsable, o bien la transferencia de los datos directamente al nuevo responsable cuando sea técnicamente posible.

Consentimiento inequívoco y explícito

El nuevo reglamento establece varios supuestos para tratar los datos personales: La legitimación a través de un contrato, Pará la satisfacción de un interés vital del interesado, Con el consentimiento inequívoco de la persona, Cuando existe un interés legítimo para el tratamiento (como podrían ser la prevención de fraude, el marketing directo), aunque no hay una definición clara en este sentido.

A menos que el interesado dé su consentimiento explícito bajo una declaración o acción afirmativa (declaración por escrito o por medios electrónicos, declaración verbal, marcando una casilla en una web, etc.), no se podrá contactar con él, ni elaborar perfiles comerciales, ni realizado tratamiento alguno de sus datos. Este es uno de los aspectos del nuevo reglamento que causará mayor impacto, dado que ya no existirá la posibilidad de que el consentimiento sea tácito (silencio, casillas ya marcadas, inacción del afectado, etc.); el responsable del tratamiento deberá aplicar las medidas para probar que el consentimiento se dio en la forma adecuada.

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En términos económicos y dentro del mercado laboral, la llegada de inmigrantes se suele acompañar con un aumento de la oferta de trabajo que sin embargo ofrece un shock que ejerce presión a la baja sobre los salarios de los nativos. Aunque, sin embargo, la estructura productiva de un país es mucho más compleja y ello hace que esta conclusión, en general, no sea válida.

Fuera ya del perímetro del mercado laboral, otra área que suele centrar la atención cuando se analiza el impacto de la inmigración es la competencia que ejercen los inmigrantes en el uso de los servicios públicos. Sin embargo, como ocurre en el plano laboral, cabe valorar adecuadamente todos los factores. En algunos casos, puede que existan nativos perjudicados por la llegada de los inmigrantes. Un ejemplo paradigmático es el efecto desplazamiento (crowding out effect, en inglés) que pueden sufrir los nativos más pobres en el acceso a la vivienda social. Sin embargo, la entrada de inmigrantes también suele ir acompañada de un aumento de la actividad económica y, por tanto, de la recaudación en términos monetarios principalmente sobre las arcas estatales, vía contribuciones a la seguridad social o IRFP.

Con la inmigración la prosperidad se generaliza: ya que un aumento de la proporción de inmigrantes hace subir el ingreso promedio por persona del 90% de la población que menos gana y del 10% de los que más ganan, aunque los inmigrantes más cualificados benefician más el ingreso promedio de la población mejor remunerada. Además, la presencia de inmigrantes no parece agravar la desigualdad del 90% de la población con los sueldos más bajos.

También es cierto que los inmigrantes que llegan a las economías avanzadas hacen crecer el producto y la productividad tanto a corto como a medio plazo. En concreto, un incremento de 1 punto porcentual del flujo de entrada de inmigrantes sobre el empleo total provoca un aumento del producto de casi el 1% en el quinto año de estancia en esta economía.

Todo esto hace pensar que, si las migraciones están bien gestionadas, son rentables para los países de acogida y para los inmigrantes mismos. Pero con ciertas condiciones: que estas personas que llegan puedan poner en valor sus competencias, integrarse en el mercado laboral y contribuir fiscalmente. De hecho, se ha demostrado que en todos los países de la OCDE sin excepción los inmigrantes contribuyen más en cotizaciones sociales e impuestos de lo que reciben en concepto de prestaciones individuales, educación y sanidad incluidas. Incluso si se incluyen bienes públicos como infraestructuras, policía o justicia, el balance final es positivo. En el caso de España, por ejemplo, los inmigrantes contribuyen a financiar el 13% de los gastos militares, del Estado central y del coste de intereses de la deuda.

Bajo mi opinión la inmigración necesita de políticas públicas para acompañar a los inmigrantes en los países de acogida, para esto hay varias opciones. En esta disyuntiva, está el caso de Canadá, que selecciona su inmigración: el 60% tiene un diploma superior. Los que llegan a Canadá reciben un curso de idioma, se les ayuda en la equivalencia de títulos, se les asesora con la vivienda. Es una inversión económica, para sacar provecho de las competencias que llegan de fuera. A los inmigrantes hay que acompañarlos, si no, se quedan al borde del camino y supondrán para los países un coste.

En contraposición a todo lo anterior, uno de los principales problemas que tiene la inmigración y que impacta negativamente sobre los mismos migrantes y en contra de la citada cohesión social, sin duda alguna es la trata, bajo mi punto de vista esta lacra empezaría a reducirse considerablemente con la inclusión y determinación de la inmigración como contenido del concepto stakeholder dentro de las organizaciones ya que entonces la frecuencia delictiva de las mafias de la inmigración quedaría al menos frenada dentro de los parámetros de la autoridad laboral.

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La fusión que empieza a producirse entre la economía circular y la industria 4.0, está generando el mayor cambio en la perspectiva industrial desde la primera revolución industrial. La industria 4.0 indiscutiblemente que tiene como principal eje el desarrollo humano es, al mismo tiempo, el eslabón fundamental en el desarrollo sostenible futuro. La economía circular dentro del desarrollo de la industria 4.0 reduce progresivamente los costes productivos mediante la eficiencia del uso de recursos. La optimización de los procesos productivos y la minimización de los residuos crean una mayor eficiencia en cada parte de la cadena. Medida en el máximo aprovechamiento de todos los elementos productivos, la recuperación y el reciclaje se generan nuevas fuentes de ingresos.

Como respuesta a lo anterior, en la actualidad se están empezando a incorporar tecnologías 4.0 en la industria con el fin de lograr una economía circular. Esto se debe, entre otras cosas, a la gran utilidad que aportan estas tecnologías para obtener información de los residuos, y así poder hacer un mejor uso de ellos. Hoy en día se pueden encontrar varios ejemplos, como la utilización de máquinas para identificar y clasificar los distintos tipos de residuos.

Por otra parte, la realidad se empieza a traducir en esperanzadora ya que la todavía imperante «economía lineal», es un modelo de producción que empieza a ser inaceptable para las empresas, la sociedad o el medio ambiente, ya que las materias primas de la Tierra no son ilimitadas. Hoy en día es necesario encontrar un nuevo camino de desarrollo económico que incluya un tratamiento adecuado de los productos cuando van a convertirse en desechos. Es necesaria una transición hacia un nuevo modelo de negocio circular que recicle y reutilice esos desechos con el objetivo de transformarlos en productos de mayor valor añadido para satisfacer las demandas actuales de la sociedad.

La integración de las tecnologías de la industria 4.0 junto con las prácticas de la economía circular posibilitan la capacidad de reducir significativamente el consumo de recursos naturales. Se trata de soluciones nuevas e innovadoras que por ejemplo pudieran facilitar la extracción de un número aún mayor de materias primas, especialmente las materias primas críticas, de los componentes de los desechos para devolverlos al ciclo. Así pues, convertirse en circular en los entornos industriales supone un ahorro considerable de tiempo, materias primas y, por consiguiente, de dinero, para el entorno industrial que adopte estas soluciones. También abre todo tipo de oportunidades para la innovación.

El concepto de Industria 4.0 en la actualidad empieza a pretender referirse a la llamada cuarta revolución industrial, que supone la transformación digital de la industria mediante la integración y digitalización de todos los procesos industriales que componen la cadena de valor. La adecuada integración de las tecnologías que ofrece la industria 4.0 permite obtener importantes beneficios, como una mayor productividad y una mejor gestión de los recursos, una toma de decisiones más eficiente basada en información real, procesos de producción óptimos e integrados, mayor flexibilidad para lograr una producción masiva y personalizada en tiempo real, la reducción de los tiempos operativos y del porcentaje de defectivo en planta. Por lo tanto, una Industria 4.0 se caracteriza por su adaptabilidad, flexibilidad y eficiencia.

La más contemporánea historia económica nos induce a no olvidar que la primera revolución industrial nace, entre 1760 y 1849, con la máquina a vapor y la mecanización del trabajo y la producción. La segunda revolución industrial, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con la producción en masa, gracias a la electricidad y las líneas de ensamblaje. La tercera revolución industrial nace, en la década de 1960, con las tecnologías de información digital, a través del desarrollo de los semiconductores, computadores personales y finalmente el internet en la década los 90s. La característica principal de estas tres primeras revoluciones industriales es que se desarrollaron en momentos históricos particulares donde se consideraba equívocamente que se contaba con recursos naturales infinitos y que las emisiones de gases producidas en los procesos productivos no tendrían ninguna consecuencia sobre las personas y el medio ambiente, no ocurrirá lo mismo con la cuarta revolución industrial, todo parece ser contrario a los falsas negaciones de los que políticamente se contraponen a las advertencias científicas y son capaces de negar el cambio climático, la naturaleza continua reprochando actitudes organizacionales de autodestrucción.

Es mi opinión, que la reprochable destrucción del medio ambiente tiene que venir acompañada del impulso de la nueva revolución industrial, la cuarta, que tiene que traer tras sí un nuevo modelo productivo, económico y social que permita enfrentar esta grave amenaza de manera innovadora, eficiente y sustentable que no signifique hipotecar el futuro de nuestras futuras generaciones. Esta deseada cuarta revolución industrial debe caracterizarse por la confluencia de tres grandes factores: primero, los avances tecnológicos desarrollados por la Industria 4.0; segundo, el cambio del modelo de producción, consumo y distribución desde una modelo lineal, basado en el ‘hacer-usar-tirar’, hacia una economía circular sostenible y responsable; y tercero, debe enfrentar de manera efectiva la mayor amenaza a la que se ha visto expuesta el ser humano en toda su historia: el cambio climático.

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La banca ética tiene juicios honestos de inversión, transparencia total y no especula por lo que hay menos riesgos corporativos. Para que surjan corporaciones de banca ética se crean los Principios de Banca Responsable, los cuales suelen contemplar una apariencia y aspectos claves como puede ser alinear sus estrategias empresariales a los objetivos marcados por el Acuerdo de París, intentar reducir los impactos negativos y aumentar los positivos o trabajar de manera responsable con sus clientes para promover prácticas sostenibles y generar prosperidad compartida.

Cuando nos referimos a principios éticos en la banca tenemos que hablar de los Principios de Ecuador. Los cuales son un marco voluntario de gestión del riesgo de crédito para determinar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales en las operaciones de financiación de proyectos.

Los Principios de Ecuador fueron impulsados por diferentes entidades del sector financiero en coordinación con la Corporación Financiera Internacional, agencia dependiente del Banco Mundial. Aquellas empresas que quieran acceder a una financiación de su proyecto por parte de alguna entidad bancaria, adheridas a estos principios, deben cumplir los requisitos estipulados en los mismos. La aprobación o no de la financiación a proyectos girará en torno al cumplimiento de la declaración de los siguientes 10 principios. (principios de ecuador).

PRINCIPIO 1 – Revisión y categorización

La EPFI (Instituciones Financieras adheridas a los Principios de Ecuador) categoriza el proyecto en función de su nivel de riesgo y su impacto ambiental y social.

PRINCIPIO 2 – Evaluación ambiental y social

Los proyectos deben llevar a cabo un proceso de evaluación para abordar los riesgos e impactos ambientales y sociales relevantes, así como medidas para minimizar, mitigar y compensar los impactos adversos de manera adecuada.

PRINCIPIO 3 – Normas ambientales y sociales aplicables

El proceso de Evaluación debe demostrar el cumplimiento general del Proyecto con las normas aplicables o cualquier desviación de las mismas.

PRINCIPIO 4 – Sistema de gestión ambiental y social y Plan de Acción

La mayor parte de los Proyectos deben contar con un Sistema de Gestión Ambiental y Social.

PRINCIPIO 5 – Participación de los grupos de interés

La participación efectiva de los Grupos de Interés debe quedar demostrada por parte del Proyecto de manera continuada, estructurada y culturalmente adecuada. Se deben tener en cuenta y documentar los resultados del proceso de Participación de dichos grupos.

PRINCIPIO 6 – Mecanismos de quejas

Debe quedar definido un mecanismo de quejas concebido para recibir y facilitar la resolución de las preocupaciones y las quejas relacionadas con el desempeño ambiental y social del Proyecto, que además debe quedar adecuado a los riesgos e impactos del mismo y las comunidades afectadas deben ser sus principales usuarios, así como procurar resolverlas con prontitud, sin costes y sin represalias.

PRINCIPIO 7 – Revisión independiente

Se realizará una Revisión independiente de la Documentación de la Evaluación, la documentación del Plan de Gestión Ambiental y Social, del Sistema de Gestión Ambiental y Social y del proceso de Participación de los Grupos de Interés. Debe ser llevado a cabo por un Consultor Ambiental y Social Independiente, para evaluar el cumplimiento de los Principios de Ecuador.

PRINCIPIO 8 – Compromisos contractuales

Para todos los proyectos, el cliente se comprometerá a cumplir con todas las leyes, los reglamentos y los permisos ambientales y sociales del país anfitrión en lo que respecta a todos los aspectos relevantes.

PRINCIPIO 9 – Seguimiento independiente y reporte

El cliente debe disponer de expertos externos cualificados y con experiencia que verifiquen la información de seguimiento.

PRINCIPIO 10 – Presentación de informes y transparencia

El cliente debe garantizar que, como mínimo, un resumen de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social es accesible y está disponible online.

Bajo mi opinión, el cumplimiento de estos diez principios es lo adecuado para establecer relaciones satisfactorias con los clientes, como con la propia entidad financiera, logrando y ayudando de esta manera al cumplimiento de í los objetivos de todas las partes interesadas (grupos de interés) y a su vez ayudar a conservar las normas sociales y ambientales, y promover la transparencia en los modelos de negocio.

La adopción de los Principios de Ecuador permitirá a la industria financiera disponer de puntos de referencia sociales y medioambientales para gestionar este tipo de riesgos en el desarrollo de financiación de proyectos a nivel mundial. 

En el marco de los Principios de Ecuador dependerá que cada institución financiera adopte un sistema de gestión de dichos principios que incluya una norma interna mínima de debida diligencia y evaluación financiera de proyectos responsable. No debemos olvidar que el principal de los Principios de Ecuador es garantizar que los proyectos financiados puedan cumplir con los requisitos sociales y medioambientales que se establecen en su declaración de intenciones.

Opino que, actualmente, la banca ética tiene una importante rentabilidad social, de apoyo a proyectos económicos transformadores que difícilmente lograrían financiación por los circuitos convencionales. Aunque pienso que la banca ética pudiera ser más rentable económicamente si se tomaran en cuenta las variables financieras que utilizan los analistas convencionales.

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Esta reforma no es más que una exposición de motivos por el que la Constitución consagra que la propia dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como claves de bóveda de nuestro estado social y democrático de derecho.

La reforma del artículo 49 es una demanda histórica de las personas con discapacidad que no era fiel a la sociedad avanzada en la que vivimos y por tanto da respuesta a un sector social que representa el 10% de la población española, este acto no es más que un acuerdo de dignidad.

Históricamente esta modificación ha supuesto un nido de controversias de naturaleza política, hasta llegar al extremo de la no aprobación en el Congreso por parte de algún grupo político.

Las mujeres y hombres con discapacidad necesitan y quieren trabajar y la posibilidad de integración de las personas con discapacidad se convierte en una gran oportunidad para impulsar una responsabilidad empresarial con valor social a partir de las políticas a favor de la discapacidad.

La discapacidad desde un punto objetivo y de balance social supone algunos beneficios como pueden ser:

Oportunidad de negocio.

Mayor competitividad.

Contratos públicos: la Ley 30/2007 da preferencia en la contratación a aquellas personas con discapacidad.

La presencia o no de la discapacidad en las empresas debe ser abordada por las políticas de RSC claramente acometidas por el artículo 42.1 donde se incluyen medidas de excepcionalidad o la cuota de reserva en la contrataciones laborares, acceso a contratos públicos o incluso la transformación de una obligación en estrategia competitiva.

Debemos recordar que la RSC parte de una iniciativa voluntaria en la gestión y buen gobierno de una organización, una empresa que pretenda ser socialmente responsable tendrá que abordar la discapacidad como una dimisión para la inclusión social.

Bajo mi opinión la doctrina sobre la integridad de las personas con discapacidad es clave para hacernos mejores, aunque quiere dejar claro que las personas con discapacidad no viven de la caridad. La historia ha lastrado a las personas con discapacidad, debemos recordar que en España existió un patronato de sordomudos, ciegos y anormales, un cuerpo de inválidos militares, un patronato de cultura para deficientes e incluso un cuerpo de inválidos para el trabajo, palabras que vulneran vilmente la dignidad de las personas con discapacidad, contra esta barbarie histórica debemos celebrar conjuntamente el 3 de Diciembre, “día internacional de las personas con discapacidad” y avalada por Naciones Unidas.

La entrada El daño de las palabras. Modificación del artículo 49 C.E. se publicó primero en Diario de Plasencia.

Ningún empresario dirigiría un negocio sin tener en cuenta sus desembolsos de capital. Sin embargo, la mayoría de las empresas no consideran un componente del capital importante: el valor de los servicios ecosistémicos de la tierra. Bajo mi opinión es una omisión que debe corregirse, máxime cuando en este momento los cálculos sitúan el valor de servicios como el almacenamiento de agua, regulación de la atmósfera o control climático en 33 billones de dólares al año.

El camino hacia el capitalismo natural implica cuatro cambios importantes en las prácticas empresariales.
Aumentar drásticamente la productividad de los recursos naturales. Esto significa reducir el flujo de recursos que son destructivos y propician la contaminación, que así mismo representa una gran oportunidad de negocio, esto se consigue mediante cambios fundamentales tanto en el diseño de la producción como en la tecnología.

Modelos de producción de inspiración biológica. El capitalismo natural no solo investiga como reducir el desperdicio sino también la manera de eliminar el concepto mismo de desperdicio. En los sistemas de producción de circuito cerrado, modelados según los diseños de la naturaleza, cada producto se devuelve inofensivamente al ecosistema como un nutriente, como el compost, o se convierte en un insumo para fabricar otro producto.

Modelo de negocio basado en soluciones. El modelo de negocio de la fabricación tradicional se basa en la venta de bienes. En el nuevo modelo del capitalismo natural, el valor se entrega como un flujo de servicios, proporcionando iluminación, por ejemplo, en lugar de vender bombillas. Este modelo implica una nueva percepción del valor, un paso de la adquisición de bienes como medida de la riqueza a una en la que el bienestar se mide por la satisfacción continua de las expectativas cambiantes de calidad, utilidad y rendimiento.

Reinvertir en capital natural. Las empresas deben priorizar en restaurar, mantener y expandir los ecosistemas del planeta para que puedan producir sus servicios vitales y sus recursos biológicos de forma aún más abundante. Las presiones para hacerlo aumentan a medida que aumentan las necesidades humanas, aumentan los costos generados por el deterioro de los ecosistemas y aumenta la conciencia medioambiental de los consumidores. Afortunadamente, todas estas presiones crean valor empresarial.

Desde su origen el capitalismo natural, se ha centrado en eliminar el desperdicio de energía, agua, materiales y otros recursos en sus sistemas de producción y otras operaciones. para esto en primer lugar, las empresas optaron por adoptar un nuevo enfoque del diseño que considere los sistemas industriales como un todo y no parte por parte. De igual manera las empresas pueden sustituir las tecnologías industriales antiguas por otras nuevas, sobre todo por aquellas basadas en procesos y materiales naturales.

Pero si el camino que deben seguir las empresas hacia el capitalismo natural está claro y bien definido ¿por qué tantas empresas se desvían o se quedan en el camino? Mi opinión es que los instrumentos que utilizan algunas empresas para establecer sus objetivos, medir su rendimiento y recompensas son defectuosos, están llenos de distorsiones e incentivos perversos. La mayoría de las empresas se comportan como si la gente siguiera siendo escasa y la naturaleza todavía abundante, estas son las condiciones que ayudaron a alimentar la primera revolución industrial. En ese momento, las personas eran relativamente escasas en comparación con la población actual. La rápida mecanización de las industrias textiles provocó un crecimiento económico explosivo que creó escasez de mano de obra en la fábrica y en el campo.

En economía siempre impera la lógica de economizar el recurso más escaso, esta posición sigue siendo correcta, aunque si es verdad que el patrón de la escasez está cambiando ya que ahora las personas no son escasas pero la naturaleza sí. Esto se manifiesta por primera vez en industrias que dependen directamente de la salud ecológica. Además, a diferencia de los factores tradicionales de la producción industrial (capital y mano de obra), los factores limitantes biológicos no pueden sustituirse unos por otros. En el sistema industrial, podemos cambiar fácilmente maquinaria por mano de obra. Pero ninguna tecnología ni cantidad de dinero pueden sustituir un clima estable y una biosfera productiva. Incluso los precios adecuados no pueden reemplazar a los invaluables.

El capitalismo natural aborda los problemas ambientales principalmente reintegrando lo ecológico con los objetivos económicos, esto es así porque es necesario y rentable, el industrialismo tradicional sucumbiría en una nueva economía y en un nuevo paradigma de producción, al igual que el industrialismo sucumbió al agrarismo. Sigue siendo mi opinión que en esta nueva dimensión las empresas que primero realicen los cambios que hemos descrito tendrán una ventaja competitiva sin embargo aquellas que no realicen ese esfuerzo no serán un problema porque, en última instancia, porque simplemente no estarán cercanas al capitalismo natural.

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Pero ¿qué significa la economía social? La definición más ceñida que podemos ofrecer es la que nos proporciona la Ley 5/2011 de 29 de marzo, de Economía social, que la denomina como «el conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en concreto en el propio artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, o bien el interés general económico o social, o ambos».

Debemos distinguir, al menos en mi opinión, que la economía social se alcanza tras la consecución íntegra de los siguientes principios y valores como pueden ser: igualdad, democracia, justicia, responsabilidad social, solidaridad, sostenibilidad y paz. De igual manera podemos manifestar que la Economía Social guarda una estrecha relación con la Responsabilidad Social Corporativa que las empresas ponen en marcha para conseguir un sistema más justo, más equitativo, más estable y sostenible.

La economía social se instruye en el entorno de la ciudad o pueblo y sugiere ser el único ecosistema que debe ser cuidado de manera consistente diariamente principalmente por los agentes sociales de esa ciudad o pueblo. En este sentido los gobiernos locales y los municipios, a menudo están respondiendo a las diversas crisis sociales, económicas y/o ambientales en sus territorios ya sean ciudades o pueblos. La proximidad que se consigue con los diferentes agentes sociales, según el tamaño de las ciudades, puede conducir a la creación de vínculos estrechos y a tener en cuenta la experiencia de sus habitantes en el uso de la ciudad, que se convierten así en coproductores de las políticas públicas que les afectan directamente.

Dentro de la propia ciudad o pueblo las empresas de economía social y solidaria se presentan en la mayoría de las ocasiones como la única opción para las colectividades marginalizadas siempre en el caso de que los inversionistas privados las han abandonado o no se interesan en mercados menos rentables o en regiones alejadas. Así para favorecer el desarrollo social, cultural y económico de sus territorios, existen gobiernos que, ya sea a nivel de municipios, regional, nacional o internacional han lanzado iniciativas para facilitar la creación y el crecimiento de estas empresas.

Sin embargo, el principal desafío para las empresas de la economía social y solidaria es obtener una financiación suficiente y con condiciones aceptables para permitir su desarrollo. Esta amenaza debe resolverse a través de la asignación de recursos propios, adoptando medidas fiscales para incentivar a los actores privados a invertir allí también, contribuyendo a fondos de inversiones que estén dedicados a ellas o creando herramientas financieras específicas para dichas empresas u organizaciones que las apoyan.

De la mano de la economía social, se desarrolla el concepto de innovación social, que debe ser entendido como la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública con el objetivo de generar valor social.

Es cierto que la innovación en el sector privado se orienta a la mejora de la competitividad y, por tanto, a la generación de valor económico, la innovación pública ha de perseguir la consecución de unas políticas públicas que satisfagan mejor las necesidades sociales y unos servicios públicos de mayor calidad, mediante la asignación y la utilización de los recursos públicos.

La Innovación social pasa por ser una de las siete iniciativas emblemáticas de la estrategia de Europa que impulsa la Comisión Europea para lograr un desarrollo sostenible, justo y ecológico. Pero si es verdad que las continuas crisis y la escasez de recursos obligan a los poderes públicos a buscar nuevas fórmulas que satisfagan los problemas sociales y que, al mismo tiempo, impliquen un cambio en las relaciones sociales y fortalezcan el empoderamiento ciudadano.

En este contexto la Universidad, en su interrelación con la sociedad dentro de lo que se suele denominar tercera misión, favorece la innovación social como elemento de transformación.

En el debate sobre la innovación social, como en muchos otros campos del conocimiento, no existe un consenso para determinar el significado más acertado sobre la misma, incluso barajando múltiples definiciones elaboradas desde distintas disciplinas científicas. Pero sí resulta evidente que la innovación social empieza a emerger a partir del siglo XIX, especialmente desde la revolución francesa, y desde esta perspectiva histórica se rescata recientemente en respuesta al discurso hegemónico y dominante de la innovación tecnológica.

Hoy en día el concepto más adecuado de economía social lo podemos encontrar en los trabajos de Weber y Schumpeter.

Por último, debo manifestar que en el estado actual de economía social parece necesario simplificar los procesos de implantación de este tipo de economía y por supuesto aminorar las tareas administrativas para agilizar el emprendimiento social, así como impulsar la formación profesional en el ámbito de estas entidades de economía social, apostar por la innovación tecnológica, descubrir y estar abiertos a nuevos entornos de emprendimiento o potenciar el desarrollo de trabajos. La educación parece clave a la hora de potenciar este tipo de economía. Hay incluso muchas voces que piden la inclusión de la economía social como asignatura clave en los programas de educación de la mano de la Responsabilidad Social Corporativa, una posición sobresaliente sin duda.

Hoy más que nunca parece necesario introducir dentro de la economía social un enfoque de desarrollo social vinculado a los derechos humanos, asegurando la transparencia de las acciones empresariales de economía social y estableciendo mecanismos reales que midan la pobreza, la desigualdad y el desarrollo. Hoy es más necesario que nunca tomarse en serio la Economía Social: ya que esta es fundamental para desarrollar alternativas sociales reales y modelos económicos emergentes que ayudarán a su vez a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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